"Elevar las penas no disminuirá la delincuencia infantil y juvenil"

La propuesta del Ministerio de Justicia de aumentar de endurecimiento de penas para los menores entre 14 y 18 años concita algunas discrepancias en grupos dedicados a la protección y reinserción de menores. Una de las voces que manifiestan su inquietud ante el aumento de penas es la de Francisco González Bueno, presidente de Unicef España.

Pregunta. ¿Considera que no era necesario aumentar las penas?

Respuesta. Antes habría que haber estudiado los resultados de la ley actual y ver si ha contado con las inversiones adecuadas. En 2004 ya se reforzó su carácter punitivo. Aunque, obviamente, no he podido estudiar a fondo esta reforma, considero que aumentar las penas no garantiza la remisión de la delicuencia infantil y juvenil.

P. ¿Qué hacer entonces con la violencia extrema de algunos menores?

R. Ir a las raíces y a las causas: la pobreza, las familias desestructuradas, la falta de servicios psiquiátricos infantiles, etcétera. Aunque el aumento propuesto (hasta dos años más para los delincuentes de 16 a 18 años y uno para los de 14 a 16) es más moderado del que se había anunciado, no se puede legislar desde la emoción.

P. ¿Cómo garantizar entonces la protección a las víctimas, en ocasiones también menores?

R. Comparto la preocupación por la enorme violencia de algunos casos, pero privar de libertad durante ocho años a un chico de 16, es tiempo suficiente para reinsertarlo.

P. La sociedad tiene una sensación de impunidad.

R. Esa impunidad ¿es real? Elevar las penas es incidir en la venganza social, no en la labor rehabilitadora. La manera de cambiar las cosas es impulsar políticas sociales y buscar la integración de menores extranjeros. Lo que nos parece positivo es la inclusión del matonismo escolar, y la violencia entre iguales, en la ley.

P. ¿En qué ha fallado la aplicación de la Ley de Responsabilidad Penal actual?

R. Hay una evidente falta de medios y de equipos humanos. Es un error que convivan en el mismo centro chicos conflictivos con otros con mayores posibilidades de reinserción.

P. ¿Las Comunidades Autónomas, de quienes dependen los centros, no asignan suficientes recursos?

R. Tienen interés, pero urge implantar más equipos de técnicos, psicólogos y psiquiatras.

P. ¿Por qué se oponen a que un joven privado de libertad pase a un centro de adultos al cumplir los 18 años?

R. Aunque sólo se hará en casos excepcionales y hay fiscales que dicen que son los chicos los que piden pasar a un centro ordinario, no parece adecuado que alguien que fue juzgado bajo un régimen jurídico pueda pasar a otro.