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La Corte Penal procesa a los principales jefes guerrilleros de Uganda

El nuevo tribunal internacional acusa a los rebeldes de miles de asesinatos y secuestros

La Corte Penal Internacional (CPI), con sede en La Haya, ordenó ayer la busca y captura de cinco jefes del rebelde Ejército de Liberación del Señor (LRA) de Uganda. Los acusa de miles de asesinatos, torturas y del secuestro de niños y niñas para convertirlos en guerrilleros y esclavas sexuales, respectivamente. La Corte ha notificado esta orden de arresto tanto al Gobierno de Kampala como a los de Sudán y la República Democrática de Congo, donde se esconden.

Los cinco señores de la guerra buscados por la justicia internacional ostentan los máximos rangos en el LRA, grupo fundado por su líder y principal nombre de la lista, Joseph Kony. Según confirmó ayer el Ministerio ugandés de Defensa, le acompaña en la lista Vincent Otti, considerado su mano derecha, y tres de sus principales comandantes: Okot Odiambo, Raska Lukwiya y Dominic Ongwen.

La propia Corte declinó ratificar anoche estos datos, presumiblemente porque prefiere esperar a que se hayan producido las detenciones. "La investigación relativa a Uganda sigue su curso", señalaron sus portavoces en Holanda al ser consultados sobre el particular. Esta precaución no resta importancia al paso jurídico dado. Prueba de ello es que la reacción diplomática no se ha hecho esperar.

El jefe de la misión de la ONU en la República Democrática de Congo, el estadounidense William Lacy Swing, ha confirmado que las órdenes selladas de captura salieron la pasada semana con destino a Kampala, Jartum y Kinshasa. En septiembre, el propio Swing afirmó que 320 rebeldes y 80 de sus familiares habían entrado en la República de Congo desde Sudán y se encontraban ocultos cerca de las fronteras de Sudán y Uganda. A la cabeza de dicho grupo se encontraría Vincent Otti. El presidente de Congo, Joseph Kabila, habría mandado dos batallones a la zona. Otro tanto hizo Naciones Unidas, que transportó a un millar de efectivos de sus fuerzas de pacificación, "para asegurarse de que la situación podría controlarse", según Swing. Fuentes del Gobierno de Kampala interpretaron este movimiento de Otti como una deserción y un intento de pactar.

La decisión de la CPI, que también investiga crímenes en Congo, Darfur (Sudán) y Colombia, ha sido acogida con júbilo por grupos como Human Rights Watch. En opinión de Richard Dicker, su director del denominado Programa de Justicia Internacional, se trata de un hecho histórico. "Un tribunal internacional acusa a estos hombres de criminales de guerra, y eso no había ocurrido antes. Era la única forma de hacer justicia a las víctimas del Ejército de Liberación del Señor", ha dicho. Pero con una condición: que no sólo se juzgue a los rebeldes. Los crímenes cometidos por el Ejército ugandés contra los civiles que debía proteger del LRA, también deberían ser perseguidos por la CPI.

Con casi 28 millones de habitantes, Uganda ha sufrido dos dictaduras brutales entre 1970 y 1980, las de Idi Amin y Milton Obote. El actual presidente, Ioweri Museveni, en el poder desde 1986, no ha logrado acabar con la insurgencia en el norte y oeste del país, donde se ha hecho fuerte el LRA.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Sábado, 8 de octubre de 2005