Políticos en paro

El Congreso aprobó ayer por unanimidad una proposición de ley que extiende la protección por desempleo a los cargos públicos y dirigentes sindicales que dejen de serlo contra su voluntad; por perder unas elecciones, por ejemplo. La medida se limita a equiparar con los trabajadores por cuenta ajena a los alcaldes y concejales con dedicación plena retribuida, a los altos cargos de las administraciones públicas que no sean funcionarios y a los cargos sindicales que ejerzan funciones de dirección y cobren por ello.

Aunque la unanimidad de la votación se presta al sarcasmo, la medida es una consecuencia lógica de la profesionalización de la política, sin la que sólo podrían dedicarse a esa ocupación, como en la España de la restauración, los caballeros con rentas y los funcionarios, que tienen el puesto garantizado de por vida. Lo votado ayer es, por tanto, un efecto de la democratización de la actividad política.

Existen desde hace años normas que garantizan a determinados altos cargos que dejan de serlo indemnizaciones compensatorias, tanto en la Administración central como en las autonómicas: las famosas cesantías. El resto del personal político (y sindical) con cargo retribuido, incluyendo a gran parte de los 75.000 concejales y alcaldes que hay en España, no tenía derecho a cobrar el paro cuando perdía el puesto. Y ello a pesar de que están incluidos expresamente en el ámbito de aplicación del Régimen General de la Seguridad Social. Había una cierta incoherencia en esa exclusión, y ahora se ha corregido. En adelante, esos políticos (y las instituciones en las que ejercen) tendrán que pagar las cotizaciones del desempleo y tendrán derecho a cobrar si se quedan en paro.

La distinción establecida por Max Weber entre los que viven para la política y los que viven de ella ha perdido gran parte de su sentido. Aunque exista un impulso inicial vocacional y altruista, la política es hoy un oficio especializado. Hablar de políticos profesionales no implica necesariamente un reproche: muchas desgracias públicas provienen de iniciativas de políticos ocasionales o aficionados.

Sin embargo, el exceso de profesionalización también tiene efectos contraproducentes: políticos que nunca han tenido que enfrentarse a los problemas corrientes de la gente -como buscar empleo-, y cuya vida privada y hasta los afectos están condicionados por la endogamia partidista. Eso también empobrece la función representativa de la política. Pero no se solucionaría, sino tal vez lo contrario, haciéndoles más dependientes del partido si saben que no cobrarán el paro si pierden el puesto.