Sanidad constata un aumento de quejas en el 'modelo Alzira' y detecta riesgo de 'quemar' al personal

Los pacientes del área sanitaria de La Ribera, bajo gestión privada, han incrementado el número de quejas respecto a la atención primaria -centros de salud- un 110%. Así lo recoge el acta de la reunión celebrada el 25 de febrero pasado entre los responsables de la empresa concesionaria del servicio -una unión de sociedades liderada por Adeslas- y de la consejería de Sanidad. Manuel Marín, comisionado de Sanidad destacó el "aumento de un 20% de quejas en especializada y de 110% en primaria", como recoge el escrito. El informe justifica esta situación en "la mayor demanda de servicios" y "una mejor accesibilidad de los ciudadanos a los servicios de atención e información al paciente.

Fuentes del hospital indicaron que el número de quejas pasaron de una treintena a algo más de 60, "como la media del sistema sanitario valenciano", y que se refirieron mayoritariamente a cuestiones relacionadas con la temporada de gripe y al final del plazo de sustitución de un facultativo cuyos pacientes preferían al médico que tenía la plaza en propiedad.

El acta también alerta sobre las sobrecargas de trabajo del personal sanitario y las advertencias del secretario autonómico de Sanidad Manuel Cervera, sobre la necesidad de cuidar el denominado modelo Alzira, una de las banderas sanitarias del PP valenciano. Cervera comentó que la concesión es rentable sanitaria y económicamente e incidió en buscar el equilibrio entre ambos aspectos ya que, dijo, el modelo debía ser un referente para otras concesiones como las de Torrevieja, Dénia y las que pudieran venir. Por ello, indicó que no se pueden "producir sobrecargas de trabajo que a la larga sean desmotivantes para los profesionales que son jóvenes y no se pueden quemar rápidamente".

Precisamente la saturación asistencial debido a la potenciación de intervenciones a pacientes de otras comarcas es una de las denuncias que han vertido repetidamente desde la oposición hacia el modelo. La diputada socialista María José Mendoza comentó que esta advertencia supone "un reconocimiento explícito de las sobrecargas de trabajo" que se imponen a los trabajadores. Junto a ello, calificó de inaceptable que sólo haya una reunión entre Sanidad y los gestores del hospital, lo que demuestra una falta de interés por controlar el modelo. Además, insistió en la falta de transparencia del modelo ya que no se han facilitado las memorias del hospital -indicadores de ocupación, actividad-, "a diferencia de los hospitales públicos".