Presión popular por el Estatut

En los pocos días que han pasado desde la aprobación del Estatut en el Parlament ya casi todo el mundo ha ofrecido sus comentarios e incluso sus pronósticos ante las gestiones políticas que tendrán que desarrollarse durante los próximos meses para conseguir la aprobación del Congreso en Madrid. Quedan pocas cosas que añadir, aunque muchas merecen ser insistentemente subrayadas.

Lo primero que hay que subrayar es el éxito de este primer paso, no sólo por los resultados, sino por el ejemplo de solvencia política de todos los partidos que representan hoy la mayoría de los catalanes, los que están en el Gobierno y los que han gobernado la oposición. Durante todo el proceso surgieron comentarios pesimistas ante lo que se consideraba un desbarajuste dialéctico, unos comentarios que parecían no comprender la obligación de todos los partidos en apurar una discusión a fondo sobre un tema de tanta importancia. La deseada cohesión política no se tenía que alcanzar con un consenso sin debate, sino en el encuentro válido y positivo de las distintas tendencias políticas. Ahora se ve que aquel pretendido desbarajuste era precisamente la base dialéctica de aquella cohesión. Me atrevería a decir, incluso, que este proceso ha sido la demostración de cómo un pueblo ha sabido soportar una alta y compleja actuación democrática con pocos precedentes en todo el Estado. Y esperamos que sea un ejemplo no sólo para los procedimientos que hay que seguir hasta la aprobación definitiva del Estatut, sino para la buena marcha de la democracia y el inicio de una nueva concepción de la estructura política y territorial de todo el país. Se han repartido muchos elogios y expresado diversos agradecimientos, todos ampliamente justificados. Están dirigidos a la nueva generación que incluye gente tan diferente como Maragall, Mas, Carod y Saura que han asegurado una gestión que ya les acredita.

Otra coincidencia que habrá que subrayar también es la opinión general de que nos espera una temporada difícil hasta que se alcance la culminación del proceso. Y no podemos negar que entre estas opiniones abundan ya algunos pareceres discretamente pesimistas, que desconfían de la aprobación sin recortes en Madrid. No puedo negar que estos temores tienen cierta justificación ante algunas declaraciones tremebundas de ciertos gerifaltes del régimen y de la oposición. Pero me parece que hay que cortar ese pesimismo enseguida y radicalmente por dos razones igualmente definitivas. La primera es que no tienen una justificación real. El presidente Zapatero prometió un apoyo que no ha desmentido ni podrá desmentir. Un texto con el apoyo de la inmensa mayoría de catalanes no puede ser alterado -recortado en temas esenciales- por unos políticos que dicen apuntar por una nueva transición ya definitiva. Es cierto que el Estatut impone cambios importantes en la estructura de la política estatal, pero son cambios que vienen a coincidir con los gestos renovadores de muchos grupos del Congreso e incluso con algunas de sus sugerencias electorales. Es la gran ocasión para que estos gestos logren sus objetivos conceptuales. Y, por otro lado, no tenemos ninguna razón para sospechar que lo prometido no sea deuda. Sólo se justifica, por lo tanto, el optimismo y la seguridad en un resultado positivo.

Pero, además, hay que ser optimista como actitud estratégica en la gestión. Para alcanzar el éxito hay que estar convencidos de su posibilidad y de la justicia del contenido que se discute. Ya sabemos que la historia de nuestros estatutos ha sufrido demasiado con la imposición de recortes centralistas, pero esa historia hay que borrarla del tono de nuestras actuales exigencias: la ocasión es propicia y nos jugamos el futuro.

Ese rotundo optimismo, ese esfuerzo hacia el éxito, debe apoyarse en una constante presión popular. Se ha dicho que la discusión en el Congreso será una discusión política y no simplemente jurídica como corresponde al contenido. Y si es política ha de quedar plenamente apoyada por la continua presencia popular, la de todos los catalanes que están de acuerdo con el Estatuto y que lo declaran racionalmente. Espero que la Generalitat y todos los partidos catalanes instrumentalizarán esa indispensable presión popular. Pero es la misma sociedad -con todas sus variantes de clase y de ideología- la que debe ponerse en marcha. Las instituciones cívicas, los grupos vecinales, la universidad, los sindicatos, las empresas, los intelectuales han de salir a la calle y subir a las tribunas de mayor audiencia para explicar el Estatuto y reclamar su aprobación definitiva. Sin este apoyo que explicite la realidad social del proceso del primer acto de aprobación, no dejaremos suficiente constancia de la potencia colectiva que realmente tenemos. Y sin ella, los posibles recortes encontrarán falsas justificaciones.

Éste ha de ser un año de manifestaciones claras y contundentes, a favor de la democracia. Este año debemos invadir la calle y las tribunas con la propaganda y la imposición del Estatuto.

Oriol Bohigas es arquitecto.