La confianza del presidente

L as estrategias políticas que han rodeado el debate del Estatuto de Cataluña han pasado por distintas fases. En un primer momento, los socialistas estuvieron convencidos de que no sería posible llegar a un acuerdo con Convergència i Unió (CiU) y que el borrador de Estatuto se quedaría paralizado en el Parlament de Catalunya. A partir de mediados de julio la situación experimentó un cambio notable: el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, decidió tomar personalmente las riendas del proceso y ordenó a los ministros de Administraciones Públicas, Jordi Sevilla, y Hacienda, Pedro Solbes, que se mantuvieran al margen.

Fue entonces cuando dio la impresión de que el acuerdo podía alcanzarse en Cataluña y que buena parte de la discusión se iba a trasladar al Congreso de los Diputados, en Madrid. El escenario ponía nerviosos a muchos dirigentes del PSOE, pero no al presidente del Gobierno, muy activo y discreto respecto a sus gestiones personales.

Manuel Chaves explicó en una ejecutiva lo que consideraría "inasumible" en el borrador catalán y muchos otros dirigentes se atienen a esas palabras

El tripartito presentó a CiU un texto que algunos socialistas, incluidos importantes cargos, creían que bordeaba lo constitucional en algunos aspectos, pero que evitaba el peor campo de enfrentamiento: rechazaba la fórmula del concierto económico (explícito o encubierto) como sistema de financiación de Cataluña. Se suponía que ésa era la piedra de toque para todos los socialistas. La única diferencia era que unos preferían "parar" completamente esa posibilidad en Cataluña, y otros, quizá el propio presidente, creían que se podía "dejar" para el Congreso de los Diputados.

Esta diferencia de enfoque ha consumido muchas horas de conversación en los últimos días entre los dirigentes del PSOE, nacionales y autonómicos.

El debate del Estatuto de Cataluña ha dejado claras algunas cosas: la primera, que el presidente del Gobierno sigue teniendo una gran confianza en sus dotes de intermediación y en la dinámica que generan los procesos democráticos. Y que está convencido de que existe realmente una buena oportunidad para desarrollar una España "plural" en la que se acojan algunas de las reivindicaciones catalanas y, quizá, vascas. "Este presidente del Gobierno tiene más autonomía incluso que la que tuvo Felipe González, porque González siempre coincidió con un peso fuerte en el partido, Alfonso Guerra", asegura un diputado que trabajó con los dos líderes.

Precisamente, la confianza que demuestra Rodríguez Zapatero es uno de los rasgos que más irrita a la oposición popular. "El presidente dijo el otro día que la democracia es imprevisible. Quizá, pero él no es la democracia, sino el responsable de un Gobierno y tiene la obligación de ser previsible", se irritaba un miembro de la ejecutiva del PP en los pasillos del Congreso.

Ejecutiva socialista

Otra de las conclusiones de este debate es que la mayoría de los dirigentes socialistas está convencida del gran papel que juega Andalucía y su presidente, Manuel Chaves, en todo el proceso de reforma estatutaria. "El presidente andaluz ya dijo en una reunión de la ejecutiva del PSOE lo que consideraba inasumible, y muchos nos atenemos a esas palabras", asegura otro miembro de la dirección socialista. "Cataluña se ha planteado no una reforma del actual Estatuto, sino la elaboración de uno completamente nuevo, con un hilo conductor diferente, y eso supone una operación política muy importante en la que todo el partido tiene que estar de acuerdo", mantiene un dirigente regional.

Chaves ha explicado en varias ocasiones que, a su juicio, si el PSOE no despega absolutamente en las encuestas y le saca al PP una mayoría aplastante en la intención de voto es exclusivamente por la "reserva" que provoca todavía el proceso estatutario. El presidente andaluz expresó en público su desconfianza ante el anuncio de Artur Mas de "reimaginar" las palabras en el capítulo de la financiación y su convicción de que el PSOE cometería un error si permitía que llegara al Congreso de los Diputados un proyecto de Estatuto catalán "ingestionable".

Una consecuencia lateral del amplio proceso de reforma estatutaria en marcha será, según algunos expertos, la necesidad de reformar tanto el Gobierno central como las diferentes administraciones. "Una vez acabado este proceso, muchos ministerios tendrán que cambiar bastante porque muchas cosas estarán organizadas de manera diferente", asegura el subsecretario de una de las actuales carteras. Algunas direcciones generales dejarán de existir y daran lugar a "agencias", una fórmula más apropiada para relacionar a las distintas comunidades autónomas.