Interior advierte sobre "situaciones no deseadas" si hay más asaltos en Melilla

El secretario de Estado de Seguridad, Antonio Camacho, advirtió ayer en el Parlamento de que, si se repiten los asaltos de inmigrantes a la valla fronteriza de Melilla, "es altamente probable que, a pesar de una diligente, profesional y proporcionada actuación de los agentes policiales, puedan sobrevenir situaciones no deseadas, no sólo en la integridad física de los asaltantes, sino también de los agentes". Camacho compareció en el Congreso, a petición propia, sólo 13 horas después del último asalto masivo de inmigrantes al perímetro fronterizo de la ciudad, que se saldó con varias decenas de heridos.

El secretario de Estado había solicitado inicialmente comparecer ante la Comisión de Interior de la Cámara baja para explicar las muertes violentas de inmigrantes que se han producido en los últimos dos meses en la zona de Melilla. Pero como el martes se habían producido dos asaltos de 500 inmigrantes cada uno a la doble valla de la ciudad autónoma, durante los que al menos 300 subsaharianos lograron entrar en el territorio español, su intervención acabó centrándose en las medidas arbitradas por su departamento para frenar este tipo de avalanchas.

Camacho calificó la situación en Melilla como una "delicada, grave y compleja cuestión de Estado". A continuación, anunció que Interior ampliará a todo el perímetro fronterizo los 130 sensores de rayos infrarrojos que permiten a la Guardia Civil detectar los movimientos que se producen en algunas zonas de la valla, y que estudia la implantación de "sensores de presencia", que avisarían a los agentes cuando una persona se aproximara a la alambrada, lo que les daría un margen de tiempo mayor para reaccionar ante los asaltos.

También serán implantadas "medidas físicas" para frenar a los inmigrantes en zonas de la frontera que actualmente están poco protegidas. En concreto, se refirió a los acantilados de Aguadú, al norte de la ciudad, donde varios subsaharianos se han despeñado al intentar alcanzar la zona española, y los cauces de río de Oro y del arroyo de Beni Enzar, en la zona sur, donde también han muerto algunos inmigrantes.

A los 676 agentes de que dispone la comandancia de la Guardia Civil se les sumaron ayer mismo otros 40, repartidos en dos Módulos de Intervención Rápida (MIR).

Asaltos desde 1998

El secretario de Estado explicó que los rechazos de inmigrantes en la frontera de la ciudad se han venido duplicando en los últimos años (12.337 en 2002; 26.368 en 2003; 55.645 en 2004) y que los asaltos a la valla comenzaron ya en 1998.

El 8 de junio de aquel año, 30 subsaharianos ya intentaron saltar a Melilla por la zona de Rostrogordo -la misma en la que ayer se produjeron las avalanchas-, y poco tiempo después, otros 40 lo intentaron por la zona del Barrio Chino. En 2002 se produjeron tres asaltos, y el año pasado, siete. Pero esa práctica se ha disparado este año: sólo hasta el 5 de mayo se habían producido 21 asaltos, y desde el verano su número puede haberse triplicado.

Respecto a las muertes de al menos cuatro inmigrantes en la zona de Melilla en los dos últimos meses, Antonio Camacho se remitió a las investigaciones internas realizadas por la Guardia Civil para afirmar que, "hasta hoy, no existe ni un solo indicio" que relacione al instituto armado con los fallecimientos.

Explicó que esas investigaciones incluyeron una entrevista de los mandos de la Guardia Civil de Melilla con la Gendarmería Real de la vecina ciudad marroquí de Nador; una revisión de las filmaciones de las cámaras de seguridad del perímetro fronterizo; el interrogatorio de todos los guardias que participaron en las operaciones de aquellos días y las comunicaciones verbales sobre las conclusiones de las autopsias realizadas a uno de los fallecidos en Nador y a otro en Melilla. El secretario de Estado ofreció a los diputados realizar "cualquier otro tipo de investigación que propongan", pero ninguno de los presentes recogió la oferta.

Hay que recordar, no obstante, que además de la investigación de la Guardia Civil los jueces de Melilla y el fiscal de Nador han abierto sus propias investigaciones, cuyo resultado aún se desconoce.