Mas lanza un órdago final para incorporar el concierto económico al Estatuto

La tramitación de la reforma del Estatuto en el Parlamento catalán penderá hasta el último minuto de un hilo. Convergència i Unió (CiU) lo dejó claro desde primera hora de la mañana. No era el día para llegar a un acuerdo sobre el asunto de la financiación, al que la federación nacionalista vincula su voto final -mañana- al texto. Al iniciarse ayer el pleno que abordó la reforma del Estatuto, se aprobó que Cataluña es una nación, se rechazó los derechos históricos como fórmula de blindaje y se entronizó la laicidad de la enseñanza pública. Pero no será hasta hoy cuando se vea el título sobre financiación en la Cámara. Horas antes, los convergentes harán llegar su nueva propuesta al tripartito, con la que pretenden que si no la letra sí la música sea la del concierto económico. En ello trabajaba anoche la plana mayor de CiU.

El PP, aislado en su enmienda de totalidad, vota junto a CiU contra la laicidad en la enseñanza pública

El Parlamento catalán rechaza que los derechos históricos blinden competencias y define a Cataluña como nación

Los convergentes garantizan a Maragall que no retirarán del Congreso la reforma si no es por consenso con ERC y PSC

Ése es el órdago que los nacionalistas lanzaron en un día que no fue del todo malo para el consenso. El presidente de la Generalitat, Pasqual Maragall, logró el respaldo de los líderes de los grupos parlamentarios -excepto el PP- a su propuesta de cinco puntos, que les expuso cuando pasaban 30 minutos de las nueve de la mañana en el Palau de la Generalitat. En esos puntos se relaciona lo avanzado por EL PAÍS el pasado 22 de septiembre: el presidente renuncia a convocar elecciones anticipadas para no rentatibilizar políticamente la aprobación de la reforma estatutaria.

Al estilo norteamericano

Artur Mas acudió a la reunión en representación de CiU; Manuela de Madre, como representante del PSC; Josep Lluís Carod Rovira por ERC; Josep Piqué por el PP y Joan Saura representando a ICV-EUiA. En una reunión que duró alrededor de una hora, Mas le reiteró a Maragall que la federación vincula el voto final favorable al Estatuto a que se apruebe una fórmula de financiación que CiU considere asumible.

Los nacionalistas se comprometieron a que el texto estatutario no pueda ser retirado del Congreso por mayoría absoluta, sino que se precisen los votos de las dos terceras partes de la Cámara catalana para hacerlo. Es decir, el consenso de CiU, PSC, y ERC. Este acuerdo concreto no contempla que la delegación catalana que se desplazará a Madrid para negociar en la Comisión Constitucional el Estatuto deba tomar sus acuerdos por mayoría de dos tercios.

En el terreno de los símbolos, el presidente catalán pidió a los líderes políticos que en el preámbulo del nuevo Estatuto figure un decálogo que sea fácilmente memorizable, al estilo norteamericano. Maragall aseguró que es consciente de que la financiación es el punto más delicado de acuerdo, pero recordó que el Estatuto "no establece el montante; establece el cómo, pero no el cuánto". Por último el presidente pidió fair-play a todos los presidentes de grupo parlamentario, lo que fue aprovechado por Mas para recordarle que, como presidente catalán, no puede sustraerse a esos problemas, aseguran desde CiU.

Maragall no quiso renunciar -el día que el Parlamento acomete la reforma estatutaria- a recordar que la Constitución "también se puede cambiar; y en su momento se cambiará". Pero ahora, a juicio del presidente catalán, "no es el momento", porque el consenso en España no ha llegado "al grado de madurez que así lo aconseje".

Desacuerdos en los pasillos

Al final del encuentro, mientras el popular Josep Piqué conversaba por teléfono desde el salón Sant Jordi del Palau de la Generalitat, la socialista Manuela de Madre y el convergente Mas acordaban cómo y cuándo recibiría el Partit dels Socialistes (PSC) la nueva propuesta de financiación de CiU, auténtico nudo gordiano del Estatuto catalán. Anoche, socialistas y convergentes escenificaban sus diferencias en los pasillos del Parlamento, pues CiU no había remitido aún su propuesta, que hoy precisamente debatirá la ejecutiva del PSC.

Persiste de momento la distancia entre CiU y un tripartito que ayer se mantuvo cohesionado en las votaciones de la Cámara catalana. Esquerra ya dio garantías la semana pasada de que no volvería a repetirse lo del pasado 29 de julio, cuando sumó sus votos a los de CiU para apelar los derechos históricos como fórmula de blindaje de competencias. Ayer cumplió. Los nacionalistas se quedaron solos en la defensa de este modelo, que la Constitución, según el dictamen del Consejo Consultivo, reserva a la comunidades forales como el País Vasco o Navarra.

La financiación que propugna CiU no contará con la coraza de los derechos históricos, como tampoco lo hará la seguridad pública que figuraba en el mismo catálogo competencial.

Pero los desencuentros entre nacionalistas y el tripartito se evidenciaron con fuerza en el asunto de la laicidad de la escuela pública. CiU -especialmente los socios democristianos de la federación- había hecho casus belli de esa cláusula y proponía una redacción alternativa que se refería a la enseñanza pública como "no confesional". Sin embargo, los ecosocialistas de Iniciativa mantuvieron el pulso hasta el final. Fueron visibles ayer en los pasillos del Parlamento los acalorados debates entre el presidente de la Generalitat y el diputado de ICV-EUiA Joan Boada.

Al final, socialistas y republicanos secundaron a sus socios, y CiU y el PP rechazaron el título de Derechos y Deberes. Ese fue uno de los desenlaces inesperados del debate estatutario. El resto estaba cantado: sólo el PP se opuso a la definición de Cataluña como nación. Y también, en solitario, el Partido Popular votó su enmienda a la totalidad. Perdió por un arrollador resultado: 119 votos contra 15.