CiU afloja en los derechos históricos

Convergència i Unió (CiU) renunció de hecho en el pleno de ayer al blindaje de hasta ocho competencias de la Generalitat mediante la apelación a los derechos históricos forales, una fórmula que el Consejo Consultivo consideró inconstitucional. Aunque CiU votó en contra de la enmienda conjunta del tripartito que según los nacionalistas "devaluaba" la apelación a estos derechos, la federación nacionalista acabó apoyando con el tripartito el conjunto del título preliminar, donde se incluye el polémico artículo.

La transacción aprobada y que acabará por configurar el artículo 5 del nuevo Estatuto -si éste se aprueba mañana- renuncia a vincular derechos históricos con competencias, tal como aconsejó el Consultivo. Así, el nuevo redactado sólo invoca esta fórmula para reconocer la "singular posición" de la Generalitat en materia de derecho civil, lengua, educación, cultura y sistema institucional.

Además, figurará una disposición adicional calcada a la del Estatuto de Aragón: "La aceptación del régimen de autonomía que se establece en este Estatuto no implica la renuncia del pueblo catalán a los derechos que, como tal, le puedan corresponder en virtud de su historia, que podrán ser actualizados de acuerdo con lo que establece la disposición adicional primera de la Constitución".

Pero el cara a cara del debate fue feroz. Sobre todo cuando los nacionalistas intentaron por todos los medios poner en un brete a Esquerra Republicana que ayer, a diferencia de la votación en comisión del pasado 29 de julio, cerró filas con el tripartito y no se alineó con los nacionalistas. Para CiU, el nuevo redactado que pactaron las formaciones de izquierda es poco menos que una traición de Esquerra al electorado nacionalista e independentista.

Financiación y seguridad

Los convergentes, a pesar de apoyar el conjunto de este título, no se cansaron de reiterar su "insuficiencia". Para el portavoz de CiU, Felip Puig, "la opción escogida es la peor entre las peores". Puig recordó que el proyecto aprobado en comisión extendía el "blindaje" de los derechos históricos a seguridad pública y financiación, dos puntos especialmente sensibles para CiU.

Donde sí hubo acuerdo entre nacionalistas y el tripartito fue en validar la definición de Cataluña como "nación" comprendida en el primer artículo del nuevo Estatuto. 120 de los 135 diputados dieron así por buena una definición que levanta no pocas ampollas tanto en el PP como en algunos sectores del PSOE. No así en los socialistas catalanes, cuya dirección se ha mostrado firme en defender una definición que sus socios del tripartito y CiU consideran vital para dar contenido al Estatuto. El PP, que se quedó sólo en esa votación, dejó claros sus principios en palabras de su portavoz, Francesc Vendrell. "Nación soberana sólo hay una", afirmó en referencia a España.

El voto negativo del PP no se limitó a este punto sino que se extendió a los 14 artículos de que consta el título preliminar que, finalmente, fue aprobado en su conjunto con los votos del tripartito y CiU. Convergentes y republicanos se felicitaron por este acuerdo que, de aprobarse el Estatuto, hará pasar a la historia el calificativo de "nacionalidad" recogido en el Estatuto de 1979.

Este cambio despertó la ira en la bancada del PP. Vendrell se lamentó de que se quiera "jugar con los sentimientos de pertenencia a una u otra nación de los catalanes". El consejero Joaquim Nadal replicó que con estos argumentos el PP entraba "en un terreno muy resbaladizo".

Desde Esquerra, Joan Ridao, aprovechó para lanzar un guiño a su electorado. Ridao valoró el "avance" que supone el reconocimiento de Cataluña como "nación" pero avisó: "El día que mi partido tenga la mayoría social necesaria, nadie debe dudar de que Cataluña dará un paso más que nadie podrá parar".

Otro ámbito tradicionalmente incómodo para los socialistas, el de los derechos lingüísticos, se saldó con un importante consenso entre el tripartito y CiU para garantizar la igualdad del catalán y el castellano en Cataluña. Ello implica una novedad que tampoco gustó al PP: la obligatoriedad de conocer el catalán.