Cuentas fáciles y problemas difíciles

La economía española mantiene un crecimiento aceptable, muy superior a la media comunitaria, pero su estructura no es sana como demuestra el insostenible saldo negativo con el exterior (7,8% del PIB), un diferencial de precios preocupante con la media comunitaria, una dependencia excesiva de la construcción con precios desmesurados de la vivienda y un muy fuerte endeudamiento de las familias. Los síntomas no auguran nada bueno y todo apunta a que los españoles están viviendo por encima de sus posibilidades gracias a la cobertura concedida por la pertenencia a la moneda única y los bajos tipos de interés vigentes. En jerga económica, la economía española está recalentada y sorprende un poco el clima de euforia que se respira en algunos ámbitos políticos.

En estas circunstancias tan poco favorables agravadas por la sostenida subida en el precio del petróleo, se presenta un presupuesto de la Administración Central donde crecen gastos fundamentales para mejorar la competitividad como son los de I+D y educación que están acompañados de más recursos para la política de vivienda y una mejora de las pensiones mínimas. Más gasto y más impuestos sobre el consumo junto a la promesa de una nueva rebaja en el IRPF y del Impuesto de Sociedades.

El mayor gasto en estas políticas es una decisión acertada, pero de incidencia limitada en la práctica. El esfuerzo en investigación medido en relación al PIB sigue lejos del mínimo necesario para reducir la endémica dependencia española en esta materia, y la dimensión del gasto directo en educación y vivienda no puede influir en la calidad de la educación y en la disminución del precio de la vivienda. El hecho de que ambas políticas sean competencias autonómicas limita la responsabilidad del Gobierno Central, pero no le impide realizar políticas más ambiciosas, en especial en vivienda donde se podía apostar claramente por el desarrollo del mercado del alquiler con un plan y una financiación adecuada. Algo similar sucede en política sanitaria, donde eludiendo avanzar en corresponsabilidad fiscal se concede dinero extra a las Comunidades Autónomas sin saber las causas del mal llamado "déficit sanitario", mientras el Ministerio renuncia a coordinar tan importante política con proyectos y recursos propios.

En cuanto a las prestaciones de Seguridad Social, el necesario aumento de las pensiones mínimas acometido por este Gobierno sigue sin estar acompañado de las medidas necesarias para afrontar el reto de pagar un 50% más de pensiones en un futuro próximo (2030), y sin articular con seriedad una prestación dirigida a las personas dependientes que complete el sistema. La Seguridad Social necesita mejorar; pero no sólo hay que quedar bien con los actuales pensionistas, sino también se debe cuidar el futuro de los millones de trabajadores que aportan hoy y quieren tener garantizada su prestación cuando finalicen su vida laboral activa.

El desarrollo del Estado de las Autonomías ha hecho perder protagonismo a los PGE al representar menos de la mitad del gasto público. Las políticas propias del Estado son tan sólo el 17% de las cuentas públicas (6,9% del PIB) después de realizar las transferencias a las distintas Administraciones Territoriales. De este modo, es difícil valorar el contenido de los PGE sin establecer una relación con las cuentas de las Comunidades Autónomas. Este hecho refuerza la importancia de construir un modelo de Estado donde impere la suficiencia, la equidad y la coordinación de los esfuerzos, y donde, desde el respeto a la autonomía fiscal de las distintas Administraciones, no presidan los planteamientos territoriales de sálvese quien pueda, exigiendo condiciones privilegiadas en sus sistemas de financiación sustentadas en teóricas aportaciones excesivas al resto del Estado. Superar los actuales problemas de la economía española es un reto de todos y sólo se podrán culminar con éxito con el esfuerzo coordinado de todos.

Por último, en un contexto donde es coincidente la necesidad de incrementar el gasto en políticas públicas (sanidad, educación, vivienda, infraestructuras, protección a la familia, dependencia, ...) todos los niveles de Gobierno anuncian más impuestos sobre el consumo y nuevas rebajas en los que giran sobre la renta, es decir, seguir la moda vigente cuyas ventajas para la mayoría no ha demostrado la experiencia, que impone menos equidad en la distribución de los esfuerzos y una pérdida de recaudación en los impuestos sobre la renta, que este país ni puede ni se debe permitir, a la vista de sus necesidades y la menor presión fiscal comparada con la media de la Unión Europea.

Miguel Ángel García Díaz es responsable del Gabinete Económico Confederal de CC OO.