El tripartito ultima otro plan de financiación para arrastrar a CiU al consenso estatutario

El pleno del Parlamento catalán que decidirá si Cataluña se dota o no de un nuevo Estatuto ya tiene fecha de celebración: será del 28 al 30 de septiembre. Lo acordaron ayer todos los grupos de la Cámara catalana, que aprovecharán los últimos 10 días antes de la votación para intentar consensuar el punto que más ampollas levanta, el de la financiación. Precisamente para salvar este escollo, el tripartito catalán trabaja en una nueva propuesta para arrastrar a CiU al consenso. Pero el Ejecutivo catalán ya advirtió de que no cederá en los aspectos que cree inconstitucionales de los planteamientos nacionalistas.

El Gobierno catalán ha acordado que responderá con una contraoferta a la última propuesta de Convergència i Unió sobre financiación. Tras las reiteradas advertencias de CiU de vincular su voto final al grado de aceptación de su modelo financiero, el Ejecutivo de Pasqual Maragall está ultimando un redactado alternativo que incluirá algunos de los puntos que defiende la federación nacionalista, pero corrigiendo los aspectos que, a su juicio, desbordan la Constitución.

Prueba de que el sistema de financiación es el punto crucial que determinará el triunfo o fracaso de esta reforma estatuaria, cada día se suceden distintas reuniones multilaterales. El lunes se produjo una primera aproximación entre el tripartito y CiU durante un encuentro al que asistieron el consejero de Economía, Antoni Castells; el secretario del Gobierno, Ernest Maragall; el portavoz del PSC, Miquel Iceta, y los representantes de CiU Quico Homs, Antoni Fernández Teixidó y Daniel Ortiz. Ambas delegaciones acordaron que cualquier acuerdo pasa por elaborar un nuevo texto a caballo de ambas propuestas. Fuentes de CiU calificaron de positiva la entrevista, pero "todavía insuficiente".

El líder de los nacionalistas, Artur Mas, reiteró ayer que su grupo se opondrá a un nuevo Estatuto si el sistema de financiación no es "justo y definitivo" para Cataluña. La percepción en las filas de CiU es que, por el momento, no se visualiza "una luz al final del túnel". Y el secretario general de la federación, Josep Antoni Duran Lleida, incluso llegó a reclamar elecciones anticipadas en Cataluña tanto si se aprueba el Estatuto como si no.

Esquerra Republicana, que quiere erigirse en mediador en todo este complicado debate, volvió a apelar a la "responsabilidad" del PSC y de CiU para llegar a un acuerdo. No obstante, su líder, Josep Lluís Carod Rovira, mandó a CiU un aviso a navegantes y recordó que Cataluña todavía tiene pendiente la aprobación de una nueva ley electoral, extremo que inquieta sobremanera a los convergentes por lo que podría significar de pérdida de peso electoral en las comarcas interiores de Cataluña.

Optimismo en el Gobierno

Ayer, sin embargo, hubo acuerdo sobre las fechas en que se celebrará el pleno parlamentario. Será en la segunda mitad de la próxima semana, del 28 al 30 de septiembre, tal y como estaba previsto.

Antes del pleno, los ponentes que redactan el texto se reunirán prácticamente cada día para intentar negociar las enmiendas y llegar al pleno con el mayor número de acuerdos. Pero ayer, en la primera reunión, las formaciones de izquierda y CiU mantuvieron sus posiciones distantes en asuntos como la apelación a los derechos históricos o la laicidad de la escuela pública.

Frente a las tensiones entre los partidos, el Gobierno catalán quiso mostrar ayer su lado más optimista y el consejero de Relaciones Institucionales, el ecosocialista Joan Saura, esgrimió un informe según el cual las enmiendas importantes pendientes de negociación se reducen a 21. Éstas afectan a 17 artículos y a una disposición adicional. El resto son "de carácter técnico".

Sin embargo, la gran cantidad de reservas de cada grupo que previsiblemente llegarán vivas al pleno despiertan no poco nerviosismo entre los partidos, incapaces de entrever un acuerdo. El portavoz de Esquerra, Joan Ridao, calificó de "ruleta rusa" el pleno convocado, mientras que el PSC aprovechó para lanzar un nuevo reto a CiU para arrastrarlo a las posiciones del sí. El portavoz socialista, Miquel Iceta, invitó a la federación nacionalista a aprobar el Estatuto para enviarlo a las Cortes y "poner a prueba" el compromiso del PSOE de que avalará en el Congreso un texto consensuado y constitucional.

El pleno del Parlamento catalán se iniciará el día 28 con la discusión de la enmienda a la totalidad presentada por el PP. Al día siguiente se debatirán el resto de las enmiendas y el día 30 se realizará la votación conjunta del Estatuto. Para la aprobación se requiere una mayoría de 90 diputados, por lo que es imprescindible el voto a favor de PSC y CiU.