Superar el déficit del primer Estatuto

Los dos ponentes designados por las Cortes Valencianas para defender la reforma del Estatuto en el pleno del Congreso de los Diputados coincidieron ayer en defender un texto que, en su opinión, sirve para recuperar el rango de nacionalidad histórica que no se logró en 1982. La reforma, avalada por PP y PSOE, recupera el derecho foral valenciano, incluye la capacidad de disolución plena de las Cortes Valencianas y ordena todo un rosario de nuevas competencias, la mayoría ya asumidas, y derechos.

El portavoz del Grupo Popular en el Parlamento autonómico, Serafín Castellano, aseguró ayer: "Esta reforma devuelve a la Comunidad Valenciana el rango de nacionalidad histórica que siempre le correspondió y que nunca debió ser cuestionado". El portavoz parlamentario y secretario general del Partido Socialista del País Valenciano (PSPV-PSOE), Joan Ignasi Pla, afirmó: "Esta reforma hace justicia también con la historia más reciente y satisface un deseo político ampliamente sentido, y frustrado, a finales de los años setenta y principios de los ochenta, cuando los ayuntamientos valencianos apoyaron masivamente la vía fijada en el artículo 151 para el acceso a la autonomía".

A partir de esta coincidencia -de que la reforma viene a satisfacer las ansias autonomistas de los valencianos frustradas en el Estatuto de 1982-, Castellano y Pla tomaron caminos distintos para explicar en el Congreso las bondades de la reforma del Estatuto valenciano.

El representante popular centró sus esfuerzos en demostrar que la reforma valenciana entra sin ahogos en el corsé diseñado por el PP de Mariano Rajoy para todos los cambios estatutarios.

"Es una reforma constitucionalista" prosiguió Castellano, que añadió: "Todos aquellos que, como el PP, creen en la Constitución y en la unidad de España no deben tener ningún motivo de preocupación con esta reforma, sino todo lo contrario, deben saludarla y respaldarla"

Así, Castellano se dedicó a poner quitamiedos por todo el camino de su intervención. "Profundizamos el marco competencial, pero sin malinterpretar ni forzar el artículo 150.2 de la Constitución en materias tales como la justicia, la financiación, Administración local o relaciones institucionales". "Esta reforma apuesta decididamente por la estabilidad institucional", sentenció Castellano, que defendió la multilateralidad en materia de financiación y la necesidad de que PP y PSOE consensúen también las enmiendas que se puedan producir. En su alocución, Castellano sólo hizo dos altos en el camino para reivindicar los ejes políticos del Gobierno valenciano y que, en su opinión, están reflejados en la reforma: el derecho al agua y la denominación exclusiva y excluyente de valenciano. "Nosotros defendemos el castellano igual que el valenciano en la reforma. Otra cosa no es el modelo valenciano; por esto, por poner un ejemplo, no exigimos el requisito lingüístico en el acceso a la función pública".

Joan Ignasi Pla optó por tomar otra vía distinta a la del PP para defender la reforma valenciana. El dirigente de los socialistas valencianos manifestó que el nuevo Estatuto tiene tres objetivos: reconocer y garantizar más derechos civiles y sociales para los ciudadanos, aumentar y mejorar los instrumentos de autogobierno, y lograr una mayor integración y participación en la gobernación de España.

"Se trata de avanzar en la línea de un autonomismo cooperativo", explicó Pla. "Los distintos niveles de gobierno deben ser colaboradores leales en un marco estatal de relaciones multilaterales estable y cooperativo, y los únicos blindajes que deberíamos permitir en este proceso son contra el egoísmo y contra las soluciones unilaterales".

Para Pla, la reforma "puede ser tenida en cuenta" por otras autonomías, pero "no pretende limitarlas" y establece "una vía estrictamente valenciana". Pla pidió que se desdramatice el debate territorial en España.