Los ediles del PA entregan a Yagüe un informe para contrarrestar las acusaciones de irregularidades

Los concejales del Partido Andalucista acusados de coaccionar a trabajadores municipales de Marbella entregaron ayer a la alcaldesa, Marisol Yagüe, un informe sobre las delegaciones investigadas, que aseguran demuestra que no ha habido irregularidades. "Todo está en perfecto orden", insistió el edil Carlos Fernández. Sin embargo, los argumentos de los concejales del PA no parecieron convencer en un principio a Yagüe, aunque en la noche de ayer aseguró que está pendiente de estudiarlos en profundidad para tomar una decisión.

La alcaldesa remitirá en las próximas horas a la Fiscalía las conclusiones de la información reservada abierta por el Ayuntamiento. Fuentes municipales señalan que los andalucistas habrían pedido a Yagüe que no lo haga, algo que Fernández niega tajantemente, al considerar que lo mejor es que sea el ministerio público el que investigue.

Yagüe aseguró que el plazo dado a los ediles para que depuren responsabilidades finaliza el jueves. La regidora dijo "que no habrá que esperar mucho más" para solucionar la crisis. "No han depurado ninguna responsabilidad, entonces las tendré que depurar yo", añadió.

De hecho, entre los documentos aportados por el PA, unos 10 folios, figuran cartas firmadas por administrativos a su cargo, en las que éstos aseguran que no tienen constancia de las irregularidades, una declaración de intenciones y varios recortes de periódico. Fernández informó ayer de que los dos cargos de confianza "apartados de servicio" hace una semana se reincorporarán a sus funciones al no encontrar nada sospechoso. A su salida de la reunión con la alcaldesa, el edil acusó a la primera teniente de alcalde, Isabel García Marcos, de promover una "conspiración" contra el PA, y exigió a la tránsfuga del PSOE una "disculpa inmediata".

García Marcos, una de las integrantes de la comisión de investigación de las irregularidades del PA designada por Yagüe, señaló el fin de semana que en el citado informe se estiman indicios de delito en la actuación de los ediles andalucistas Carlos Fernández y Pedro Pérez. Añadió que además de coacciones a trabajadores para que se afiliasen y diesen parte de sus sueldos al partido, varios empresarios habrían acusado a Fernández, teniente de alcalde de Puerto Banús, de pedirles "hasta 60.000 euros por una licencia de apertura".

Tras el encuentro, Yagüe convocó al resto de su equipo de gobierno para analizar el informe presentado por el PA. Fuentes municipales aseguraron que la alcaldesa se ha sentido muy defraudada con lo aportado, así como con la reincorporación de los dos cargos de confianza que se suponía formaba parte de la depuración de responsabilidades.