Maeso cuestiona el control en quirófanos de las anestesias

El uso abusivo de anestesias y la ausencia de anotaciones sobre las cantidades empleadas son argumentos que las acusaciones eximieron ayer para relacionar al anestesista Juan Maeso, juzgado por contagio masivo de hepatitis C en hospitales valencianos, con una supuesta adicción. El médico cuestionó el control de Sanidad de esas sustancias y dijo que cualquiera que esté en un quirófano puede ponerse lo que sobra.

Maeso trató ayer de mostrar al tribunal la falta de control de los restos de drogas que se aplican en una intervención quirúrgica para esquivar las acusaciones de supuesto uso abusivo de las mismas en sus operaciones. El médico, según las acusaciones, se administraba parte de las sustancias destinadas los pacientes. A preguntas del letrado Javier Boix sobre dónde, cómo y quién dejaba constancia de las sustancias necesarias para una intervención, el médico dijo: "Hay dos controles [refiriéndose a los quirófanos de maternal de La Fe], uno de ellos la hoja de anestesia, por unidades". Y a propósito de la constancia de los restos de esas mismas sustancias que no se inyectan respondió: "Pude habérmelos puesto yo o cualquier otro que hubiera por allí". En el hospital Casa de Salud, donde fueron intervenidos la mayoría de los infectados incluidos en la causa, según Maeso, ni él "ni nadie" tenía necesidad de "dejar constancia de los anestésicos utilizados".

Boix expuso al tribunal dos episodios que considera evidencias de lo contrario: una amonestación privada por la que, según consta en un documento del sumario, se restringe a Maeso el acceso a tóxicos salvo que sea un caso excepcional y previo conocimiento de un jefe de quirófanos; y la queja por supuesto uso abusivo e indiscriminado de Dolantina. Maeso lo negó.

Las sesiones se reanudarán el lunes. En ellas, el procesado accede a la sala por el itinerario reservado a funcionarios de la Ciudad de la Justicia por expresa autorización del presidente del tribunal y del presidente de la Audiencia de Valencia, por una "cuestión de orden público" en un edificio con efectivos de la Guardia Civil y personal de seguridad privada.