El Supremo israelí ordena modificar 13 kilómetros del muro de Cisjordania

El Gobierno de Israel deberá modificar un tramo de 13 kilómetros de muro, según estableció ayer una sentencia dictada por nueve magistrados del Tribunal Supremo. Con esta sentencia se resuelve un pleito planteado por un millar de vecinos de cinco municipios palestinos de la región de Kalkilia, al norte de Cisjordania, que aseguran que el trazado del muro construido durante el verano del año 2002 les incomunica del resto del territorio palestino, les obliga a vivir en una área cerrada e impide desarrollar su vida con plena normalidad.

Los nueve magistrados del Supremo ordenan en su sentencia, de 80 folios, al Ejército israelí revisar en un plazo no especificado pero que califican de "razonable", el trazado del actual muro, para buscar alternativas que garanticen la vida normal de los palestinos afectados y traten de conjugarla con la seguridad del asentamiento judío cercano de Alfei Menashe, construido en 1983 y en el que viven 4.600 colonos.

La decisión del Supremo de declarar ilegal un trazado de 13 kilómetros del muro, no es nueva, ya que el año pasado el mismo tribunal a instancia de un grupo de vecinos del término municipal de Ben Fourik, estableció que debía derribarse y reconstruirse en el lugar adecuado un trayecto de 40 kilómetros, evitando así perjudicar la vida de los palestinos, que al igual que sucede ahora viven emparedados entre el muro y la línea fronteriza, con serios problemas para acceder a los territorios administrados por la Autoridad Nacional Palestina.

La sentencia del Supremo dictada ayer justifica sin embargo por "razones de seguridad" el derecho del Ejército a construir un muro en un territorio hostil y ocupado, si con ello se garantiza y protege la vida de sus ciudadanos israelíes, ante el peligro de los ataques terroristas. Con estos razonamientos los magistrados del alto tribunal desestiman la resolución dictada en julio de 2004 por el Tribunal Internacional de Justicia de la Haya, en la que a petición de la ONU se declaró ilegal el muro, se ordenó su inmediato derribo y decretó la indemnización a los vecinos afectados. Esta resolución nunca ha sido acatada por el Gobierno de Ariel Sharon.

La sentencia de ayer del Supremo, a pesar de sus ambigüedades, ha sido favorablemente acogida por las organizaciones de defensa de los derechos humanos israelíes, algunas de las cuales, habían firmado y avalado la reclamación planteada por los campesinos palestinos. Estas organizaciones humanitarias han presentado en el último año cerca de 40 reclamaciones judiciales más, similares, la mayoría de las cuales se encuentran pendiente de veredicto.

El muro que el Gobierno israelí construye en territorio palestino de Cisjordania, tendrá cuando esté acabado 650 kilómetros de longitud. En su trazado actual dejará incomunicados y aislados a cerca de 100.000 palestinos, a los que el Ejército les está dotando de pases especiales para que puedan cruzar el muro.

La oleada de críticas que ha suscitado la construcción del muro no ha hecho mella en el Gobierno de Israel, que ha anunciado su intención de acelerar la construcción de éste para acabarlo a finales de año. El tramo más polémico del muro es el que afecta a Jerusalén Este, ya que su trazado segregará a miles de palestinos del resto de la capital, a pesar de que desde el punto de vista administrativo israelí son ciudadanos de Jerusalén.