El Gobierno deberá explicar a la Cámara por qué no liquida por ley sus cuentas

La vicelehendakari, Idoia Zenarruzabeitia, tendrá que explicar a finales de este mes al Parlamento por qué los gobiernos presididos por el actual lehendakari y de los que ella misma ha sido vicepresidenta han incumplido "sistemáticamente" la obligación legal de someter a debate y aprobación de la Cámara proyectos de ley anuales con la liquidación de los presupuestos de cada ejericio.

Así se lo ha requerido el Grupo Socialista por medio de una iniciativa presentada ya antes de las vacaciones de agosto. El Ejecutivo no ha remitido a la Cámara esos proyectos de ley durante los ocho últimos años, interrumpiendo así un uso que sí observaron gabinetes anteriores y que está recogido en el artículo 126 de la ley vasca de Régimen Presupuestario.

Al no haber sido organizadas aún las comisiones parlamentarias, los socialistas han dirigido a Zenarruzabeitia una petición para que les explique por escrito "cuáles son los motivos por los que se incumple sistemáticamente este precepto legal". El último ejercicio sobre el que se atendió esa exigencia fue el de 1997, aún bajo mandato del anterior lehendakari, José Antonio Ardanza, según consta en los servicios de la Cámara. Esos medios oficiales corroboraron que desde entonces no ha vuelto a aprobarse ninguna otra ley de liquidación presupuestaria.

Estos proyectos deben contener, según fija la Ley de Régimen Presupuestario, "la documentación relativa a la liquidación de los Presupuestos Generales, junto con aquella otra información referente a otros aspectos de la situación financiera y patrimonial de la comunidad autónoma que se exija en cada caso". Todo ello "debe ser remitido por el Gobierno mediante el correspondiente proyecto de ley para su debate y aprobación en el Parlamento".

El portavoz popular Leopoldo Barreda atribuyó ayer a la "anomalidad presupuestaria" y la "incapacidad legislativa" en que se han movido los gobiernos de Ibarretxe el hecho de que el Ejecutivo haya evitado ocho años este mandato legal.La crítica de Barreda se suma a la efectuada por el portavoz parlamentario socialista, José Antonio Pastor, cuyo grupo lleva la iniciativa y que calificó este comportamiento del Gobierno de "ejercicio de oscurantismo".

Barreda apuntó a este periódico que el Ejecutivo eliminó del calendario legislativo de 2001 estos proyectos, que sí figuraban hasta entonces, bajo el argumento de que no era preciso incluirlos al venir obligada por ley su presentación. El trámite de estas normas ha sido históricamente "insulso", por lo que no se entendería el proceder del Gobierno más que a la luz de "las ejecuciones prespuestarias de estos últimos años, que presentan desviaciones muy importantes". "Han sido ejercicios de prórrogas o de presupuestos extraños, hasta declarados nulos por los tribunales, que el Gobierno ha salvado habilitando de modo extraordinario sus capacidades para trasvasar dinero de unas partidas a otras. Todo eso tiene que ser muy evidente y probablemente se esté tratando [al no enviar los proyectos] de ocultar anormalidades y discontinuidades importantes", dijo el portavoz popular.

Barreda admite que también los gobiernos anteriores funcionaron con retraso en estas lliquidaciones de las cuentas y que la ley no establece un plazo para ello. "Hubo períodos que no las enviaban y luego llegaban dos o tres juntas, pero de ahí a no hacer ni una en ocho años, todo su mandato, eso no ha ocurrido nunca". A su juicio, "o hay incapacidad e incompetencia o hay ocultación deliberada".

El control presupuestario ha motivado también el primer roce en el seno de la Mesa de la Cámara, al decidir ésta rechazar una petición de documentación a la vicelehendakari sobre el informe de liquidación de las cuentas de 2003. Los socialistas, autores de la petición, quieren ahora que la Mesa corrija su proceder y tramite su solicitud. La Mesa rechazó la iniciativa porque en el orden del día figuraba más adelante un punto en el que el PSE pedía también información sobre el asunto a la presidenta del Tribunal de Cuentas.

La autora de la petición, la socialista Joana Madrigal, defiende la pertinencia del doble destino de su solicitud, puesto que la ley encomienda al Gobierno remitir en un mes al Tribunal de Cuentas toda la documentación de la liquidación presupuestaria y a éste último que emita, en cuatro meses más, su informe. Lo único que los grupos parlamentarios saben, explica Madrigal, es que el informe no está en la Cámara más de 15 meses después de cumplido el plazo. Por eso dirige la peticion simultánea y separadamente a las dos instancias con responsabilidad en el proceso y desea que cada una aporte la información que le compete.

El PSE pidió la semana pasada a la Mesa que reconsidere su negativa y admita a trámite la petición. "La Mesa debe hacer sólo un control formal de las iniciativas y admitir o rechazar los asuntos en función únicamente de si se ajustan o no al Reglamento", señala Madrigal.

El escrito de reconsideración abunda en esos criterios y advierte de que las mesas de las cámaras legislativas "deben cuidarse de no perturbar con sus decisiones el derecho de los representantes a suscitar el debate sobre una materia determinada". El Grupo Socialista recuerda que "el Parlamento es el foro de la representación popular y que no se entiende que este órgano sea el que cercene la función de control al Ejecutivo".

[El Gobierno navarro aprobó precisamente en su reunión de ayer el proyecto de ley de los presupuestos del pasado ejercicio, informa Efe].