Curso con asignatura

El sistema educativo tiene que evolucionar para adaptarse a los tiempos. Pero continuas modificaciones en su estructura, decididas muchas veces sin haber dado tiempo a que el esquema en vigor muestre sus virtudes y sus defectos, son contraproducentes, crean desorientación en las familias y desaniman al profesorado. De ahí que, manteniendo cada partido sus propios puntos de vista al respecto, sea conveniente que pacten un cierto número de principios que no dependan de las peripecias electorales y que gocen del máximo respaldo.

En este contexto, es una iniciativa positiva el documento elaborado por el PP, en el que resume los puntos de vista que defenderá en el debate parlamentario, aunque no parece compatible con su pregonada intención de llegar a un acuerdo exigir del Gobierno que retire su proyecto de Ley Orgánica de la Educación (LOE). El Ejecutivo cumple con su obligación presentando al Congreso de los Diputados un proyecto de ley, y la de todas las fuerzas políticas es buscar las coincidencias que puedan alcanzarse, antes y durante su tramitación, para preservar un conjunto de contenidos básicos. Tal objetivo obliga a evitar posiciones maximalistas de partida.

De entre las propuestas del PP, merece especial atención la de fijar un núcleo de contenidos comunes para todos los escolares en España. No es un ejercicio de centralismo, sino una exigencia educativa que se está planteando con la máxima seriedad a escala europea, y no sería lógico que el camino que se pretende hacer en Europa se deshiciera en nuestro país. Es ya un tópico en la comunidad escolar comentar algunos de los despropósitos perpetrados en la carrera por singularizar en cada comunidad autónoma lo que se enseña a los alumnos. Dichos contenidos deben tener en cuenta, naturalmente, el entorno próximo, pero mucho más el español, el europeo y el universal, especialmente en el mundo globalizado en el que vivimos.

En lo que a la asignatura de religión se refiere, sería muy de desear que el PP no se alineara con la posición mantenida por la Conferencia Episcopal, que ya anuncia movilizaciones contra el Gobierno por este motivo. Esa posición es incompatible con un Estado no confesional como el configurado en la Constitución. Una asignatura confesional, impartida por profesores designados por los obispos, aunque pagados por el Estado, necesariamente voluntaria, no puede nunca tener el mismo tratamiento que una asignatura fundamental, que se considera básica para la formación de todos los escolares.

Empieza, por tanto, el curso escolar y también se abre el debate sobre la LOE. Sería un grave contratiempo que se entrara en ese debate de tanta trascendencia con la idea de escenificar un nuevo enfrentamiento -como verbalizó ayer la presidenta de Madrid- y no con el sincero deseo de acordar algunos aspectos esenciales para el futuro de la educación.