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Comienza en Castellón una serie de juicios a ecologistas por paralizar las obras de la carretera Cabanes-Oropesa

María Fabra

La sección primera de la Audiencia Provincial de Castellón albergó ayer el juicio a siete miembros de la plataforma Salvem el Desert a los que la empresa adjudicataria de las obras de la carretera Cabanes-Oropesa, Necso, acusó de una falta de coacciones sobre los operarios con el fin de paralizar los trabajos de desbroce que estaba realizando, en noviembre del año 2004.

El juicio, que quedó ayer visto para sentencia, es el primero de los que se celebrarán, ya que los miembros de este colectivo conservacionista, y de otros que participaron en las protestas contra el trazado escogido por la Generalitat Valenciana, han recibido más de medio centenar de citaciones por la misma causa. La Generalitat también se ha personado como acusación en este caso.

Los miembros de este colectivo de defensa del medio ambiente han sido de los más activos en la protesta contra el trazado de una carretera que, según sostienen, provocará un impacto ambiental irreversible ya que, entre otras cosas, afecta, al menos, a una especie cavernícola de alto valor ecológico. Sobre este trazado pesaron dos órdenes de paralización judicial aunque, el pasado mes de enero, un juez acordó el archivo de las denuncias por presunto delito ecológico.

Las protestas ciudadanas llevaron a la paralización de las obras en varias ocasiones. Ayer, los denunciados aseguraron que ninguno de ellos se encadenó o subió a las palas excavadoras que trabajaban en la zona, cuando sobre las obras pesaba la solicitud de una paralización cautelar.

El letrado de la empresa constructora considera que los ecologistas "se tomaron la justicia por su mano y coaccionaron para que no se ejecutase la obra", mientras que, tal como señaló la abogada defensora, no se ha presentado la declaración de ninguno de los operarios para que así lo confirmaran. La defensa también sostuvo que la intención de los denunciados no era la de causar daño a la Administración, aunque el letrado de la Generalitat, titular de la carretera, mantuvo que "una cosa es protestar y otra coaccionar".

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