Subasta sanitaria

El considerable retraso del final de la II Conferencia de Presidentes no pudo dejar completamente satisfechos a todos: al Rey, porque el inicio del almuerzo en el palacio de Oriente se demoró dos horas; a Rodríguez Zapatero, porque los presidentes de las comunidades autónomas gobernadas por el PP le hurtaron, como era previsible, el éxito de poder anunciar su primer gran pacto autonómico (un acuerdo sobre la financiación sanitaria), y a éstos, porque son conscientes de que, euro más o euro menos, terminarán por aceptar el próximo martes, en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, la propuesta que presentó el presidente del Gobierno en el último tramo del encuentro, sin apenas margen de discusión, lo cual es criticable.

Zapatero habló al término de la reunión de que había un "consenso básico" al respecto, pero Pedro Sanz, presidente de La Rioja y portavoz de los populares en la conferencia, lo negó. En cualquier caso, la oferta significa de algún modo triplicar la que anunció inicialmente el vicepresidente y ministro de Economía, Pedro Solbes, y que venía aparejada con una subida de los impuestos de la electricidad y la gasolina por los Gobiernos regionales.

Las comunidades autónomas tienen graves problemas de caja para financiar la sanidad, debidos no sólo a problemas de gestión. Si el Gobierno se muestra dispuesto a aliviarlos aportando recursos adicionales con cargo al presupuesto, aunque sea a modo de remedio temporal, es difícil que los Gobiernos autónomos rechacen la oferta por celos de partido. Ése es el corolario del actual debate de la sanidad en España. En asuntos de dinero los gobiernos dejan a un lado las siglas de partido, gastan a veces sin control y se olvidan de sus responsabilidades. Pero ahora no podrán olvidar el aviso de la Administración: de rechazarse la propuesta, el Gobierno no aportará un solo euro para financiar la sanidad de las comunidades, que desde 2002 es competencia exclusiva de ellas.

Zapatero les puso ayer sobre la mesa la suma de 1.677 millones de euros anuales, consolidados hasta la aprobación de un nuevo modelo de financviación que modifique el de 2001: 500 millones en ayuda directa y el resto repartidos en varios fondos y garantías para las comunidades más pobres. Lo ofertado es el triple de lo que el Gobierno comunicó a principios de mes, y que no satisfizo a ningún dirigente autonómico, del PP o del PSOE, por la presión impositiva que comportaba, y mejorado días después por el ministro Solbes. Ahora el Ejecutivo deja al arbitrio de cada comunidad la posibilidad de recaudar más ingresos a través de una subida de la tasa de los carburantes. Ya han anunciado que ninguna lo hará. Zapatero, en cambio, incrementará los impuestos del alcohol y del tabaco. A esa suma habrá que añadir otros 1.365 millones en concepto de anticipos de los impuestos cedidos a las comunidades. El PP afirma que esa oferta no es auténtica y está lejos de su exigencia de 1.800 millones.

Es deseable que se logre un pacto, pero bueno sería que las comunidades autónomas, que tanto han reclamado en materia de competencias, sean más responsables en la gestión de los recursos y no pidan auxilio al Estado para sacarles las castañas del fuego.