El Gobierno busca un acuerdo con el PP con un aumento del dinero estatal para la sanidad

El Gobierno central quiere contar con el apoyo de las comunidades gobernadas por el PP para su propuesta de financiación sanitaria, y con esa pretensión negocia una mayor aportación, que materializará José Luis Rodríguez Zapatero en la Conferencia de Presidentes, el próximo sábado, en el Senado. Esa aportación económica es la principal discrepancia entre el Gobierno central y las autonomías gobernadas por el PP. Pero las comunidades populares exigen tener hoy la oferta por escrito con 1.800 millones de euros de aportación estatal para que no haya que subir impuestos.

El Gobierno central estima que la aportación final que pondrá sobre la mesa el sábado el jefe del Ejecutivo, José Luis Rodríguez Zapatero, "no quedará muy lejos" de la reclamación de 1.800 millones de euros anuales que reclaman las comunidades gobernadas por el PP "si se suma el paquete de compromisos anunciados el miércoles por el vicepresidente económico, Pedro Solbes, en el Consejo de Política Fiscal y Financiera".

Según la estimación del Ejecutivo, a los 500 millones de euros anuales de aportación del Gobierno central hay que sumar los 120 millones derivados de la subida de los impuestos del alcohol y el tabaco, así como las aportaciones anunciadas por Solbes sobre el gasto sanitario de los turistas, de los residentes extranjeros y los accidentes no cubiertos por mutuas laborales.

Asimismo, el Gobierno central tiene previsto duplicar, al menos, la cifra de 800 millones de euros, anunciada la pasada semana por Solbes, de los anticipos a cuenta de la recaudación por los impuestos compartidos. "Será un dinero fresco que podrán recoger las comunidades autónomas", señalan fuentes gubernamentales. También se ha comprometido a fijar un fondo mínimo de garantía para aquellas comunidades autónomas cuyo crecimiento no alcance el PIB nominal.

Las comunidades gobernadas por el PP, según fuentes gubernamentales, aceptan el catálogo de servicios sanitarios, cuyas bases fijó en 1995 la entonces ministra de Sanidad, Ángeles Amador. Las mismas fuentes también estiman que ha sido bien acogida por las comunidades del PP su propuesta de mantener la aportación anual del Gobierno central "hasta la revisión del modelo sanitario vigente", que nunca se materializará antes de dos años. El PP matiza que los servicios sanitarios básicos son una reclamación suya y que no piden una aportación anual, sino que los 1.800 millones se incorporen a la base del sistema y se consoliden, incrementándose cada año según el crecimiento del PIB nominal.

El PP considera que la oferta inicial del Gobierno fue retirada en la práctica por éste al no someterla el miércoles a votación en el Consejo de Política Fiscal y Financiera. Tras escuchar al vicepresidente Solbes, el PP espera que hoy, al menos 24 horas antes de la celebración de la Conferencia de Presidentes, el Ejecutivo remita a las autonomías la propuesta definitiva que Zapatero presentará en la Conferencia de Presidentes del sábado.

Mañana por la tarde, todos los presidentes autonómicos del PP están citados en la sede central de su partido para analizar con Mariano Rajoy, su líder, esa propuesta y decidir una respuesta conjunta. En el caso de que el Gobierno no les remita por escrito la oferta definitiva, los presidentes del PP no se pronunciarán sobre la oferta que haga Zapatero el sábado. Además de pedir un documento detallado para hoy, las autonomías del PP reclaman que éste incluya 1.800 millones de euros de aportación directa del Estado para enjugar el déficit sanitario.

La cifra de 1.800 millones de euros surge, según el PP, de las estimaciones técnicas detalladas en un informe de la Intervención General del Estado para evaluar el desfase de ingresos para sanidad con el cálculo de la población española en 1999 (la prevista en el actual modelo) y la población actual (cuatro millones de personas más). El PP mantiene que esos 1.800 millones de euros deben ser aportación directa del Estado sin subir los impuestos porque, precisamente por ese aumento de la población y porque la economía va bien, la Administración central tiene ahora 7.000 millones de euros de excedente, es decir, de ingresos no previstos.

"Hay un excedente presupuestario y ahora el problema político consiste en decidir si la sanidad es la prioridad política para el Gobierno o si lo es aumentar el Cupo vasco o dar más dinero al tripartito catalán", aseguró ayer Miguel Arias Cañete, secretario de Economía del PP, al resumir la posición de su partido.

La secretaria de Política Autonómica, Soraya Sáenz de Santamaría, añadió que, en todo caso, el acuerdo, si se alcanza, deberá ratificarse en un nuevo Consejo de Política Fiscal y Financiera, pues la Conferencia de Presidentes no es un órgano competente para ello.