Alcaldes contra el 'botellón'

La mayoría de los ayuntamientos andaluces exigió ayer recursos económicos y materiales para poder asumir las competencias que les atribuye la ley antibotellón que prepara la Junta de Andalucía. El borrador de la ley redactado por el Gobierno que preside el socialista Manuel Chaves deja en manos de los municipios la decisión de establecer en qué calles se podrá beber y les da potestad para multar a los que abandonen los restos del botellón o hagan sus necesidades fisiológicas en la vía pública.

El objetivo de la Junta, según insistió su consejera de Gobernación, Evangelina Naranjo, no es "instalar la ley seca", sino dar a los alcaldes "todas las armas legales necesarias" para regular el ocio nocturno.

Los regidores exigen más dinero y policías para poder regular el ocio nocturno

El Gobierno andaluz se había mostrado reacio hasta ahora a legislar sobre el botellón, pero ante la insistencia de los municipios más afectados por esta práctica decidió el pasado mes de julio crear una comisión técnica para redactar el borrador de la ley. "Lo que queremos es no dar excusas para que ningún alcalde de Andalucía diga que no tiene las armas legales para regular el ocio", afirmó Naranjo.

Francisco Fernández, concejal de Gobernación de Sevilla, donde el botellón copa plazas y calles los fines de semana de todo el año, aplaudió ayer los esfuerzos de la Junta por regular el tema, pero advirtió de que el Ayuntamiento no tiene ni los efectivos policiales ni el dinero necesario para aplicar la ley. "Un fin de semana normal podemos tener en la calle entre 60.000 y 80.000 personas, y los medios son reducidos", afirma Fernández (PSOE), quien confió en la "colaboración" de la Junta, aunque no quiso precisar en qué debería traducirse esa ayuda autonómica.

El Ayuntamiento de Sevilla, gobernado por PSOE e IU, nunca se ha mostrado a favor de prohibir el consumo de alcohol, aunque el concejal de Gobernación aseguro ayer que no hará "dejación de funciones". "No soy partidario de las sanciones generalizadas, pero eso no quita para que no se tenga que hacer a veces", reconoce Fernández.

El alcalde de Granada, José Torres Hurtado, del PP, que ha estado a la cabeza de las reivindicaciones municipales para que la Junta regule el botellón, se mostró satisfecho con el borrador de la ley, que avala las intenciones del Ayuntamiento de crear botellódromos o zonas habilitadas para que los jóvenes beban sin provocar molestias a los vecinos ni ensuciar los parajes de alto valor patrimonial, informa Manuel Altozano. "Serán lugares con todas las instalaciones para que todos nos podamos sentir a gusto y nadie salga como perdedor en esta cuestión", adelantó el alcalde.

Sin embargo, el regidor encontró dos pegas al texto. La primera, la falta de financiación autonómica para la programación municipal de actividades alternativas al consumo de alcohol. La segunda, que no establece procedimientos para que el Cuerpo Nacional de Policía y la Guardia Civil colaboren con los municipios más pequeños y con pocos agentes de Policía Local en la aplicación de la futura ley.

La satisfacción general del alcalde de Granada no es compartida por otros dirigentes del PP. Según el presidente de este partido en Andalucía, Javier Arenas, el proyecto de ley de la Junta "traslada todo el problema" a los gobiernos locales. Arenas insistió en que el texto no contará con el respaldo del PP porque, a su juicio, el borrador oculta la intención del PSOE de "evitar los costes electorales" que podría ocasionarle la prohibición del consumo de alcohol.

La ley andaluza cuenta con precedentes en nueve comunidades autónomas españolas: Madrid, Extremadura, Comunidad Valenciana, Murcia, Canarias, Cantabria, La Rioja, Castilla y León y Aragón. Según la consejera andaluza de Gobernación, todas, como la que prepara su Gobierno, dejan en manos de los ayuntamientos la potestad de prohibir el botellón a través de ordenanzas municipales.

Según la consejera, el borrador andaluz se diferencia de las leyes existentes en otras comunidades en que éstas se limitan a prohibir el consumo de alcohol en la calle, mientras que el de la Junta amplía las responsabilidades a los establecimientos que vendan alcohol a partir de las 22.00 o a los consumidores que abandonen residuos u orinen en la vía pública. El proyecto andaluz especifica también que la ley no se aplicará en los espacios destinados a terrazas y veladores ni en las ferias locales, manifestaciones religiosas y otras fiestas "de carácter tradicional".