La degradación de Barcelona

Más dinero y recursos para afrontar el deterioro de las calles de buena parte del centro de Barcelona y atender a los indigentes que durante este verano han acampado en plazas y parques. Es la receta que se apresta a aplicar el alcalde de Barcelona, Joan Clos, ante el enfado y descontento de la ciudadanía por los problemas de vandalismo, incivilidad y, especialmente, la suciedad. La alarma se ha disparado este verano.

Que las calles del centro de Barcelona sufren un desgaste excesivo viene ocurriendo cada temporada de verano -que se inicia, en realidad, en primavera y se extiende hasta entrado el otoño- con la llegada de miles de turistas que la zona histórica de la capital catalana apenas puede absorber. Pero el fenómeno relativamente más reciente de la indigencia callejera, la violencia de grupos muy heterogéneos y, sobre todo, la proliferación de actitudes incívicas se ha acentuado ahora.

El portavoz del PP plantea medidas como la expulsión de prostitutas e indigentes

Muebles junto a contenedores, colchones tirados en las aceras, bolsas de basura que se amontonan junto a los contenedores y un fuerte olor a orines en determinados puntos de Ciutat Vella, pero también de otros distritos de la ciudad, han desbordado la paciencia de residentes y comerciantes.

El espectáculo de ver a indigentes durmiendo en bancos y plazas también se ha agravado este verano, en el que se ha incrementado la llegada de grupos de personas marginales -jóvenes procedentes de otras ciudades europeas- que viven prácticamente en la calle -acompañadas de perros- y duermen en las playas. Ese problema, junto con la mendicidad organizada y el incremento de la prostitución callejera, también se ha ido agravando en los últimos meses.

Pero lo que colmó el vaso de la paciencia fue la secuencia de incidentes en las fiestas de Gràcia, en agosto, con una batalla campal que arrasó con el mobiliario urbano y los decorados de las calles engalanadas, seguida de un enfrentamiento entre jóvenes grafiteros y guardias de seguridad del metro y de la policía en la estación de metro de Mercat Nou, coincidiendo con las fiestas del barrio de Sants.

En esas circunstancias, la oposición de CiU y el PP en el Consistorio barcelonés ha exigido al Ayuntamiento de Barcelona mano dura para atajar el fenómeno del incivilidad porque, además, está poniendo en peligro el frágil equilibrio de la convivencia en algunas zonas de la ciudad; Ciutat Vella de forma especial porque allí reside el mayor porcentaje de la población inmigrante establecida en Barcelona.

Las peticiones de la oposición van en la línea de ampliar la plantilla de la Guardia Urbana e incrementar las sanciones y, en general, aplicar las ordenanzas de manera estricta. En estos puntos coinciden Xavier Trias (CiU) y Alberto Fernández Díaz (PP), además de responsabilizar al alcalde de que Barcelona se haya convertido en una de las "capitales de la transgresión" por un "falso progresismo". Fernández Díaz lo hace, además, defendiendo tesis tan extremas como plantear la expulsión de la ciudad de prostitutas e indigentes, además de no renovar los permisos de residencia de los inmigrantes que incumplan las ordenanzas del espacio público. El portavoz del PP en el Consistorio está convencido de que buena parte de las infracciones, como abandonar muebles en la calle y otras parecidas en el espacio público, son obra del colectivo de inmigrantes.

Ni Clos ni sus socios en el equipo de gobierno, Jordi Portabella (ERC) e Imma Mayol (ICV-EUiA) -ambos han reconocido que el problema es "grave"-, son partidarios de una estrategia basada sólo en la política de sancionar a los infractores e incrementar los efectivos policiales en la calle. Defienden otras políticas y, sobre todo, otros instrumentos para poner freno al creciente gamberrismo y falta de respeto a las normas de convivencia. De hecho, hace unos meses los servicios jurídicos del Ayuntamiento iniciaron los trabajos de una nueva ordenanza de la convivencia que debería estar lista a principios de año.

Clos, de forma especial, cree que la justicia de proximidad -propuesta en la Carta de Barcelona, pero que requiere la aprobación de la Ley de Justicia de Proximidad que se debe tramitar en las Cortes- puede ser un instrumento efectivo, además del ya próximo despliegue de los mossos d'esquadra en Barcelona, una ciudad que se ha resentido del repliegue de los efectivos de la policía.

Ante la lluvia de críticas -CiU pidió la dimisión de Clos por falta de autoridad y exceso de permisividad-, el alcalde anunció un plan de choque entre septiembre y diciembre que consistirá, básicamente, en la dotación de nueve millones de euros para incrementar los recursos que se destinan a la limpieza y al mantenimiento del espacio público en Ciutat Vella y a la atención de la población indigente que duerme al raso.

Estos medios también se destinarán a otros puntos de la ciudad que lo requieran, especialmente el distrito del Eixample y algunos núcleos centrales de otros, como el de Gràcia. El aporte de medios y recursos en los próximos tres meses coincidirá con el descenso de la llegada de turistas y, en definitiva, con cierto alivio del uso intensivo de las calles de Barcelona.