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La UE decide hoy si condena a Cataluña por purines en el Ter

La denuncia, presentada por ecologistas, afecta al periodo 2000-2002

El abogado general del Tribunal de Justicia de la Unión Europea propone condenar al Gobierno catalán por haber permitido granjas no autorizadas y vertidos de purines en el Baix Ter en el periodo 2000-2002. El Tribunal tiene previsto hacer pública hoy la sentencia y el Ejecutivo catalán ya asume que será condenatoria. El abogado general cree que no se vigiló el tratamiento de residuos y que se superó la cantidad de nitratos en el agua del Ter.

La denuncia contra "el Reino de España" por los supuestos incumplimientos del Gobierno catalán fue presentada por la Agrupación de Defensa del Ter, al considerar que el Ejecutivo que entonces presidía Jordi Pujol no había adoptado las medidas necesarias para que se cumplieran las normas preceptivas.

El documento presentado al Tribunal de la UE por el abogado general (que forma parte del tribunal y es independiente de las partes en litigio) sostiene que los incumplimientos afectaron a diversas directivas, en dos puntos.

El Gobierno catalán ("el Reino de España" en el texto) no adoptó "las medidas necesarias para asegurar el cumplimiento de las obligaciones que le incumben" en relación con las directivas de residuos. No tomó, afirma el abogado general, "las medidas necesarias para garantizar que los residuos procedentes de las instalaciones porcinas ubicadas en la zona del Baix Ter, provincia de Girona, sean eliminados o valorizados sin poner en peligro la salud humana ni perjudicar al medio ambiente y por no contar gran parte de dichas instalaciones con la autorización exigida por la directiva ni efectuar los controles periódicos necesarios a dichas instalaciones".

El segundo motivo de infracción es el "haber sobrepasado, en varias redes públicas de distribución de agua del área del Baix Ter, la concentración máxima admisible del parámetro nitratos" establecida en la directiva comunitaria sobre "calidad de las aguas destinadas al consumo humano".

El abogado general no establece el tipo de condena. Fuentes del Gobierno catalán sugirieron ayer que será una sanción económica. Las mismas fuentes precisaron que se trata de una infracción que afecta a un periodo del pasado y que, por tanto, no supondrá ningún tipo de restricción en la toma de agua potable en la zona del Baix Ter. Asimismo, insistieron en que el actual Gobierno ha estado trabajando para que no se repitiera la situación denunciada ante la Comisión Europea. En el periodo al que hace referencia la denuncia (2000-2002) fueron consejeros de Medio Ambiente Felip Puig y Ramon Espadaler.

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El Gobierno catalán presentó diversas alegaciones a los requerimientos de la Unión Europea, pero con escaso éxito. El primer informe de la comisión, anterior al del abogado general, rechazaba aplicar una fase excepcional a Cataluña para aplicar las directivas europeas. Asimismo, el documento sugiere que aunque parte de los purines sean utilizados como abono agrícola, otra parte no tiene el tratamiento adecuado, además de haber permitido la instalación de granjas sin control ni inspecciones que garantizaran el cumplimiento de las directivas europeas.

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