Buen consejo

El Consejo Consultivo de la Generalitat de Cataluña emitió ayer su dictamen sobre el proyecto de nuevo Estatuto de autonomía, en el que analiza la constitucionalidad del texto básico y también de las enmiendas de los distintos grupos. Es un documento de alto interés, por su contenido y porque lo emite un organismo de reconocido prestigio y que, dada su composición estrictamente catalana, no podrá ser acusado de estar al servicio de otras administraciones. Encargado de velar por la constitucionalidad de los proyectos legislativos autonómicos, el Consejo suministra una cura de humildad a los ponentes que se dejaron llevar por el maximalismo y la subasta nacionalista.

Aprecia inconstitucionalidad en 19 artículos del proyecto, algunos muy sustanciales, y en algunas enmiendas de gran calado de signo soberanista, y dudas sobre otros 39 artículos. Desecha la utilización de los "derechos históricos" como instrumento para blindar competencias autonómicas, aun reconociendo su papel como factor que contribuye a fundamentar la autonomía. Rechaza la fórmula de financiación inspirada en el concierto vasco propuesta en la enmienda de CiU y matiza el esquema general de la fórmula planteada por el tripartito. Valida el sistema de blindaje de competencias del texto, basado en su división detallista en submaterias para protegerlas de una eventual invasión de la Administración central, pero pone en entredicho algunas de ellas. En suma, el Consultivo ha aplicado el cepillo del realismo.

Algunas voces, especialmente desde la oposición convergente, han cuestionado el valor del dictamen en un inútil intento de ponerse la venda antes de la herida. Pero son muchas las razones que aconsejan no minusvalorar la opinión del Consultivo. Por tradición: se le ha seguido en casi todas las ocasiones desde su existencia; con mayor razón en la más decisiva. Por lealtad institucional: sería alevoso apreciarlo cuando avala las propias posiciones y desacreditarlo cuando las desautoriza. Por seriedad democrática: porque deslegitimar algunas votaciones basándose en su ajustada mayoría equivale a renegar del principio democrático (imperio de las mayorías, respeto a las minorías), que es norma de este tipo de instituciones independientes de nombramiento parlamentario.

Y finalmente, por pragmatismo y por sentido del ridículo, porque si se echaran en saco roto sus recomendaciones, ellas mismas constituirían la base en el siguiente trámite del Congreso de los Diputados para la recusación de los artículos originariamente impugnados ya desde Cataluña. Quien pese a todo persista en la senda de proponer normas anticonstitucionales, o equiparables enmiendas sorpresivas de última hora, será ahora el principal culpable del fracaso del nuevo Estatuto. Es, pues, hora de responsabilidad, de sensatez, de retorno al consenso y de estricto respeto al marco constitucional.