Sube tus impuestos y dame el dinero

Se pueden discutir las cifras, los porcentajes en la negociación, pero es difícil poner en cuestión la coherencia del método del Gobierno para financiar el déficit sanitario de las comunidades autónomas (CC AA), ya que éste está dentro del modelo vigente, acordado por unanimidad en el Consejo de Política Fiscal y Financiera de julio de 2001 entre el Ejecutivo central (de Aznar) y las CC AA.

A pesar del escaso tiempo transcurrido desde que la sanidad ha sido transferida a las autonomías, éstas han venido acumulando desfases significativos entre los ingresos y los gastos sanitarios. Algunos estiman esos desequilibrios en unos 7.000 millones de euros. El Gobierno ha hecho una propuesta para paliar este déficit, que será discutida, si no hay cambios de última hora, en el Consejo de Política Fiscal de pasado mañana y, en última instancia, en la Conferencia de Presidentes del próximo sábado. Básicamente, esa propuesta consiste en lo siguiente: el Gobierno asume 1.000 millones de euros a través de los Presupuestos del Estado de dos años, sube los impuestos estatales del alcohol y el tabaco y aumenta la capacidad normativa de las CC AA para que éstas, de modo voluntario, puedan subir sus impuestos sobre la luz y las gasolinas.

Los déficit deben ser financiados por las comunidades con cargo a sus propios recursos

La primera cuestión es la contabilización del déficit sanitario. ¿Cómo sabe cada una de las autonomías cuál es éste, habida cuenta de que no existe una adscripción de los ingresos a los distintos gastos? En su libro Financiación autonómica (Fundación Alternativas), recuerda el economista José Sevilla que si existiese en el actual sistema de financiación una afectación de determinados ingresos a determinados gastos, podría hablarse de déficit o superávit por categorías de gastos. Pero no lo hay. ¿Somos conscientes de que dependiendo del criterio que utilicemos en dicha imputación de ingresos, así será el déficit resultante?

Lo segundo que cabe recordar es el principio general de financiación en un régimen descentralizado como el español: los déficit deben ser financiados por las respectivas comunidades con cargo a sus propios recursos. Las reclamaciones a la Hacienda central sólo pueden darse si nos situamos al margen del actual sistema de financiación autonómica, excepto si hay que cambiar las asignaciones de nivelación previstas en la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA), que se ponen en marcha si no se alcanza a cubrir "el nivel mínimo de la prestación del conjunto de los servicios públicos fundamentales". En el caso de la sanidad, ello supone que la población protegida de una comunidad autónoma aumente porcentualmente respecto al año anterior en tres puntos o más; o en el caso de autonomías con más de 90.000 kilómetros cuadrados bastará que el aumento supere en un punto a la media nacional referida.

El Gobierno ha accedido a una vía de excepcionalidad reconociendo la existencia de un significativo déficit -que no ha cuantificado- y ha pretendido repartir los sacrificios. Pero las comunidades gobernadas por el Partido Popular no quieren asumir la impopularidad de aumentar los impuestos cedidos y las capacidades normativas de las que disponen para obtener sus propios ingresos. Pedir recursos a la Hacienda central sin subir los propios impuestos equivale a decir: "Sube tus impuestos y dame el dinero, que yo no quiero subir los míos".

El paroxismo de esta política insolidaria lo representa la Comunidad de Madrid. Esperanza Aguirre ha dicho que no aceptará de ninguna manera la subida de impuestos propuesta por el Gobierno y que los madrileños no pagarán en el recibo de la gasolina o de la luz lo que corresponde al Estado. Pero al tiempo que pide más dinero al Gobierno central anuncia que antes de que acabe la legislatura exonerará del impuesto de sucesiones y donaciones a todos sus conciudadanos, lo que, además de reducir los ingresos propios de la Comunidad, adelgaza la libertad de oportunidades (porque los beneficiarios son las capas más pudientes). Reduce sus impuestos y, al mismo tiempo, pide más dinero al Gobierno central. Más que la política fiscal de quien se autotitula liberal, parece un ejemplo extremo de la política de la cara dura.