El cierre de 18.600 empresas en los últimos cinco años dejó en la calle a 41.000 trabajadores valencianos

Más de 18.600 empresas valencianas se declararon en quiebra o en suspensión de pagos durante los últimos cinco años. La carrera de cierres, desde el período comprendido entre 2000 y 2004, a causa de la crisis industrial, principalmente de los sectores tradicionales manufactureros, ha arrastrado ya a más de 41.000 trabajadores con vínculos laborales reconocidos, según datos del Fondo de Garantías Salarial (Fogasa).

Pero la incertidumbre continúa. Durante el primer trimestre de este año, la valenciana fue la autonomía española donde se registró el mayor número de empresas declaradas en quiebra, con 1.092 firmas y más de dos mil trabajadores afectados.

El secretario de Acción Sindical de CC OO en la Comunidad Valenciana, Jesús Romero, apunta la causa que explica este considerable número de cierres de firmas valencianas: la liberación de la economía mundial.

Según el dirigente sindical, la actual coyuntura está perjudicando, esencialmente, a las empresas de menos de 25 trabajadores, y éstas, las pequeñas y medianas empresas (pymes) son precisamente las que conforman el tejido empresarial valenciano.

"El número de pequeñas empresas manufactureras es infinitamente superior en la Comunidad Valenciana que en otras comunidades, de ahí que la incidencia de cierres sea mayor en el territorio valenciano", apostilla. A su entender, los datos del Fogasa indican una reestructuración ya que, según la experiencia de CC OO, los trabajadores de estas empresas se recolocan, mayoritariamente, en el sector servicios.

No obstante, el encadenamiento de cierres, que tomó fuerza en el 2000 y no dejó de crecer hasta el pasado año, parece haber perdido revoluciones. Los últimos datos oficiales reflejan que el volumen de mercantiles declaradas en quiebra fue un 13% inferior al registrado en el primer trimestre del año anterior. Aún así, la Comunidad Valenciana encabeza los expedientes abiertos por regulación de empleo.

Sin embargo, la situación sigue siendo desalentadora para los sindicatos, que reclaman desde hace años al Gobierno valenciano la adopción de medidas que eviten la deslocalización de empresas.Los últimos datos disponibles del Fogasa, órgano que garantiza a los trabajadores el cobro del salario o las indemnizaciones por despido en caso de insolvencia, suspensión de pagos o quiebra, reflejan la ya enrocada crisis industrial valenciana.

Si durante los meses de enero a marzo del pasado año, un total de 1.231 firmas, con 3.317 empleados, se declararon en quiebra, en el primer trimestre de 2005 los datos reflejan una cierta mejoría. En los tres primeros meses de este año, la cifra de empresas valencianas afectadas por expedientes de quiebra o suspensión de pagos fue a 1.092, según el Fogasa.

No obstante, las cifras del Fogasa dejan claro que la valenciana es la autonomía, junto a la catalana, con mayor incertidumbre empresarial desde el punto de vista de la continuidad de las mercantiles.

Un total de 2.132 trabajadores con vínculos laborales reconocidos en 724 firmas con sede social en la Comunidad Valenciana fue atendido por este organismo, dependiente del Ministerio de Trabajo y de Asuntos Sociales.

Así, el Fogasa prevé destinar más de 2,5 millones de euros al pago de salarios pendientes de estos trabajadores en situación del desamparo tras el cierre de sus empresas; y una cantidad de 5,7 millones correspondientes a las indemnizaciones decretadas por la Justicia a cada trabajador.

Fuentes del Ministerio de Trabajo explican que las indemnizaciones también afectan a expedientes abiertos en períodos anteriores, puesto que se materializan cuando se produce el fallo por parte de la jurisdicción laboral.

Más que en Madrid

El índice de cierres y declaraciones de quiebras fue mayor en Valencia que en regiones teóricamente más dinámicas desde el punto de vista empresarial como son Madrid y el País Vasco. Así, Madrid, con expedientes abiertos sobre 416 empresas y 701 trabajadores, y País Vasco, con 639 firmas y 1.776 empleados, están lejos de las cifras registradas de la Comunidad Valenciana.

En términos absolutos, Valencia fue la que, por criterios lógicos de superioridad poblacional, encabezó el número de mercantiles afectadas por expedientes de quiebra o suspensión de pagos con 396 firmas afectadas. En Alicante, el número de empresas que quebraron hasta el 31 de marzo de este año fue de 241 y 645 trabajadores.

La Comunidad Valenciana cerró el pasado ejercicio con el segundo peor dato nacional respecto de firmas declaradas en quiebra o suspensión de pagos. De hecho, fue en esta región donde el Fondo de Garantía Salarial realizó, junto con Cataluña, el mayor desembolso en salarios e indemnizaciones con casi 38,8 millones de euros. Un total de 12.588 trabajadores resultaron afectados.