Brasil mantiene el tipo

Los escándalos de corrupción que han salpicado al Gobierno no han tenido un efecto negativo sobre la economía de Brasil, a pesar de que llegan en un momento de ralentización del PIB, elevadas tasas de paro y paralización de las reformas estructurales. Casi dos meses después de conocerse los primeros casos de sobornos del oficialista Partido de los Trabajadores, los mercados se han calmado, el real se ha mantenido estable y los indicadores de inflación y crecimiento siguen en la línea de los pronósticos oficiales. Sin embargo, las irregularidades podrían afectar a mediano plazo la clasificación internacional de la deuda y las inversiones extranjeras.

Los pronósticos de crecimiento para este año se han reducido desde un 3,5% a principios de año hasta el 2,5%, la mitad del registrado en 2004

La crisis política desatada en Brasil por la presunta corrupción de miembros del oficialista Partido de los Trabajadores (PT), ha puesto en jaque al Gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva, pero hasta el momento no ha afectado la marcha de la economía. Tras unas primeras semanas de inestabilidad en los mercados bursátiles y llamados a la tranquilidad de parte de las autoridades económicas y monetarias, las cosas vuelven lentamente a la calma. La primera quincena de junio se destapó la crisis cuando diputados de la oposición denunciaron en el Parlamento supuestos sobornos de miembros del PT a partidos minoritarios. Una espiral de escándalos que han salpicado a todos los niveles del Ejecutivo, generando al menos 12 dimisiones y una de las mayores crisis recientes en el partido de Gobierno.

El primer efecto lo acusaron los mercados financieros, con la moneda local cotizando a la baja, el principal índice bursátil registrando caídas puntuales y un aumento en el riesgo país de Brasil, indicador que mide la vulnerabilidad financiera. Durante la primera semana, el Bovespa cayó un 8,3% y, tras cumplirse un mes del escándalo, el real bajó un 8,4%. Esta primera reacción fue considerada como normal por los especialistas, ya que los mercados siempre reaccionan con previsión ante una crisis inminente. En estos momentos, el Bovespa cotiza a niveles similares que en marzo, mucho antes de conocerse los escándalos y el propio real se ha revalorizado un 4% desde su nivel más bajo registrado el 10 de agosto.

Esfuerzos en peligro

Los analistas creen que esta recuperación se debe a la estabilidad y credibilidad económica que ha construido Brasil desde la crisis bancaria de la segunda mitad de los años noventa. Los esfuerzos por controlar el gasto y reducir la inflación que comenzaron con la Administración de Fernando Cardozo y han continuado con el ministro estrella de Lula da Silva, Antonio Palocci, son garantías de que al menos en el ámbito económico y financiero, la crisis no debería generar problemas. El propio portavoz del FMI, Thomas Dawson ha señalado esta semana que Brasil mantiene su compromiso con la estabilidad macroeconómica tras los escándalos.

Pero no es oro todo lo que reluce. Y que a pesar de la estabilidad macroeconómica, el riesgo de contagio sigue latente, sobre todo si se destapan nuevos casos de corrupción cada día. Según los expertos, los primeros efectos se podrían dar en el medio plazo, perjudicando la credibilidad del país en índices internacionales de corrupción y transparencia pública. La inversión en Brasil ha caído este trimestre, aunque no a un ritmo pronunciado y el riesgo país está en 414 puntos básicos sobre los bonos del Tesoro estadounidense. Al mismo tiempo, los bonos de Brasil han ganado alrededor del 4% de rendimiento en lo que va del año, uno de los menores porcentajes entre los títulos latinoamericanos.

El otro gran efecto que los analistas prevén es la paralización de las esperadas reformas estructurales. Desde la llegada de Lula da Silva los mercados esperan reformas al marco tributario, de pensiones y laboral, consideradas como claves para impulsar el crecimiento de la economía. Sin embargo, las luchas internas del PT y los esfuerzos del Gobierno centrados en controlar el gasto y la inflación, han estancado la aplicación de estos cambios, muchos de los cuales ya se han convertido en ley, pero cuya aplicación avanza muy lentamente. Muchos creen, incluso, que estos escándalos han dilapidado definitivamente la aplicación de las reformas en la actual legislación.

Las polémicas reformas impositivas y provisionales han sido aprobadas en diciembre de 2003, pero aún no logran aplicarse en su totalidad. En el caso de la reforma a las pensiones, el marco legal estableció que los futuros jubilados estatales que ganen más de 420 dólares mensuales pasarán a pagar impuestos.

Descontento popular

Unas medidas que causaron descontento popular, pero que son vistas por los organismos internacionales como la única manera de terminar con la gran carga que significa el sistema social para el aparato público brasileño. Según las cifras que maneja el Gobierno, el sistema de pensiones actual, le cuesta al Estado más de 19.000 millones de dólares anuales, casi un 5% del PIB, mientras que la reforma produciría un ahorro de unos 18.400 millones en 20 años.

La reforma tributaria, en tanto, debió ser dividida en etapas. La primera de ellas, aprobada a finales de 2003, prorroga y aumenta el cobro de algunos impuestos como las transacciones financieras y baja los impuestos a las exportaciones, aunque los expertos aseguran estos cambios son insuficientes para reducir la pesada carga impositiva de Brasil.

Junto con la esperada segunda fase tributaria, se encuentra en el congelador una reforma laboral que flexibilice los costes laborales y que incentive la contratación. Ésta sería la principal herramienta para combatir las elevadas tasas de desempleo que en 2000 llegó al 15%, amenazando incluso con convertirse en un problema crónico. El último registro de paro indica que la tasa de desempleados se mantuvo en un 9,4% en julio, el mismo nivel que en junio y el más bajo en más de tres años.

La probable nueva paralización de las reformas, podría ser muy perjudicial para el país a largo plazo, ya que la aplicación de estas nuevas normativas se hacen necesarias en un momento de irregular marcha de la economía local. Los pronósticos de crecimiento para este año se han reducido desde un 3,5% a principio de año hasta un 2,5%, la mitad del alza del PIB registrado durante el año pasado y una cifra muy lejana de otros países latinoamericanos.