El Gobierno amenaza con retirar su oferta de financiación si "no gusta a las autonomías"

La vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, anunció ayer que el Ejecutivo retirará su propuesta de financiación complementaria para paliar el déficit sanitario, adelantada el jueves por el vicepresidente económico, Pedro Solbes, y el ministro de Administraciones Públicas, Jordi Sevilla, "si no gusta a los representantes de las comunidades autónomas", pues "no se trata de torturar a nadie". Fernández de la Vega retó al primer partido de la oposición, el PP, a "hacer otra oferta tan razonable y generosa, además de corresponsable, como la del Gobierno", que prevé una aportación directa de 1.000 millones de euros en los dos próximos años y la subida de los impuestos del alcohol y el tabaco para trasladar a las autonomías otros 125 millones de euros anuales.

La vicepresidenta recuerda a Rajoy que "el Gobierno no está obligado a poner ni una sola peseta en el sistema sanitario"

"El gravamen del alcohol y el tabaco reducirá su consumo y, por ello, mejorará la salud de los ciudadanos"

María Teresa Fernández de la Vega reta al PP a presentar "otra oferta tan razonable, generosa y corresponsable"

La amenaza de la vicepresidenta la formuló a tan sólo cinco días de que la iniciativa gubernamental se debata con las comunidades en el Consejo de Política Fiscal y Financiera y a ocho días de la celebración de la Conferencia de Presidentes convocada por Zapatero para el día 10 en el Senado.

La propuesta supone una subida directa de impuestos estatales (10% en el alcohol y poco más de 5% en el tabaco), y permite a las autonomías duplicar la capacidad para gravar la venta minorista de hidrocarburos (de 2,4 céntimos de euro a 4,8 céntimos) y posibilitar un recargo de hasta dos puntos en el impuesto sobre la electricidad. Todas estas medidas supondría una aportación extra al sistema sanitario de 2.465 millones de euros en el primer año si las autonomías suben sus impuestos.

El Ejecutivo decidió pasar ayer a la ofensiva, ante la reacción crítica del PP a su propuesta. La vicepresidenta primera aclaró que la sanidad es competencia de las comunidades y, por tanto, también lo son sus deudas, con lo que "el Gobierno no está obligado a poner ni una sola peseta" en el sistema sanitario, "algo que sabe el PP".

Eximido de intervenir

El sistema de financiación vigente, acordado en 2001 por el Gabinete del PP y las comunidades autónomas, exime al Gobierno central de intervenir, pese al grave déficit sanitario, según recordó la vicepresidenta primera.

Los mecanismos correctores que prevé la Ley de financiación sanitaria de 2001 no pueden aplicarse a la situación actual de la sanidad, pese a haberse producido un sensible aumento de la población.

Dichos mecanismos correctores sólo son aplicables cuando la población protegida en una comunidad aumenta entre un año y el siguiente más de un 3% respecto a la media nacional, lo que, en esta ocasión, no se ha dado en ninguna comunidad, precisó Fernández De la Vega.

Asimismo, tampoco ha habido consenso entre las comunidades autónomas para redistribuir los recursos entre las que han tenido un aumento moderado o nulo y las que han registrado incrementos más importantes.

Pese a que el Gobierno no está obligado por la ley de 2001 -promulgada por el Ejecutivo del PP, según insistió, la vicepresidenta primera- a intervenir para paliar el déficit sanitario de las comunidades autónomas, recordó su disposición a ayudarlas "para garantizar la viabilidad del sistema sanitario, su calidad y la igualdad de todos los españoles".

Por ello, De la Vega manifestó su "sorpresa" por las declaraciones críticas con la propuesta del Gobierno del presidente del PP, Mariano Rajoy, y de la presidenta de la Comunidad de Madrid, la popular Esperanza Aguirre, "si se tiene en cuenta que se inscriben en el actual marco de financiación sanitaria, aprobado por el Ejecutivo del PP en 2001".

Sin imposiciones

También aclaró que el Ejecutivo "no va a imponer a nadie" el modelo de financiación sanitaria que ha propuesto y que está abierto a "escuchar otras propuestas y debatirlas". En ese momento, la vicepresidenta primera precisó que, "si la propuesta no gusta a los representantes de las comunidades autónomas, será retirada".

Fue una consideración política la de la vicepresidenta primera porque el Gobierno central si quiere puede aprobar su propuesta en el Consejo de Política Fiscal y Financiera del miércoles próximo al disponer de mayoría suficiente de votos. Hay que tener en cuenta que el Ejecutivo central dispone de la mitad de los votos en ese órgano y las comunidades autónomas -que están divididas sobre la propuesta- la otra mitad. No obstante, Fernández De la Vega confía aún en que "haya un acuerdo con todas las partes" pues "lo importante no es como empieza un debate sino como acaba".

La vicepresidenta primera insistió en que el Gobierno "no ha cambiado su política de no subir impuestos". Restó importancia a la subida anunciada de los impuestos sobre el alcohol y el tabaco, que recoge la propuesta del Gobierno central, porque "su carga fiscal está lejos de la del resto de los países de la Unión Europea" y porque "mediante su gravamen se producirá una reducción de su consumo y, por ello, una mejora, también, de la salud de los ciudadanos con el consiguiente ahorro de las prestaciones sanitarias".