El reto de la financiación sanitaria

La financiación de los sistemas autonómicos de sanidad es el primer reto del Gobierno y las comunidades para el próximo curso. El Ejecutivo ya ha comenzado a discutir con los consejeros de Hacienda su propuesta (3.000 millones de euros extra en cuatro años a repartir entre el Gobierno central y los autonómicos). Las reuniones servirán para preparar la Conferencia de Presidentes, el 10 de septiembre, de la que José Luis Rodríguez Zapatero quiere salir con un acuerdo.

Pero la discusión financiera no acaba ahí. El Ministerio de Sanidad tiene en cartera dos iniciativas con un claro componente económico. La primera, la Ley del Medicamento, un intento de establecer un marco estable que regule todos los procesos relacionados con los fármacos, desde su aprobación hasta su dispensación por las oficinas de farmacia, que tienen un claro efecto sobre el presupuesto de las comunidades: el gasto en medicamentos supone más del 25% del sanitario, y hasta ahora venía creciendo dos puntos por encima del PIB.

Este año el Gobierno ha conseguido -de momento- moderar su crecimiento, pero para ello ha tenido que recurrir a medidas especiales (tasas, recortes de márgenes de los sectores) que no ofrecen estabilidad al sistema.

El PP ha contrapuesto un proyecto propio, que consiste, sobre todo, en mantener el sistema de precios de referencia que ya implantaron los Gobiernos de Aznar, con una apuesta por la dosis personalizada y la informatización de los sistemas de receta.

Otro aspecto pendiente es la fijación de una cartera de prestaciones común a todos los sistemas autonómicos, cuya financiación también debe quedar asegurada. El borrador de Sanidad ha sido muy criticado por la oposición, que lo encuentra poco concreto y que cree que debe discutirse en el Consejo Interterritorial.

La difícil situación de la financiación sanitaria hace que propuestas del programa electoral socialista, como la financiación de programas de salud mental, atención sociosanitaria, bucodental o las intervenciones de cambio de sexo para transexuales tengan difícil encaje en el modelo general, lo que no quiere decir que el PSOE no intente implantarlo, por lo menos en las comunidades en las que gobierna. Otros proyectos ya en marcha, como la ley contra el tabaco, prevista para el 1 de enero, parecen más fáciles de acordar.

A lo largo de 2006 deberá estar lista también la Ley de Investigación en Biomedicina. Esta norma regulará aspectos como la obtención de células madre por transferencia nuclear (la llamada clonación terapéutica). Sanidad ha anunciado que está dispuesto a permitir todo lo que la comunidad científica necesite, siempre con los controles debidos. Aquí es posible que al menos los sectores más conservadores dentro del PP, que no quiso abrir esta posibilidad cuando modificó la ley de reproducción humana asistida a finales de 2003, se opongan.