Reportaje:

Gordo Lindo deja las armas

Un jefe paramilitar colombiano reclamado por narcotráfico en EE UU renuncia a la violencia junto a 300 de sus hombres

"Estoy seguro del paso que estoy dando; la paz debe estar por encima de los tratados internacionales", dijo a este periódico Francisco Javier Zuluaga, Gordo Lindo, minutos antes de la ceremonia en la que, el sábado pasado, dejó atrás su vida paramilitar. Se refería a la extradición. Él es uno de los jefes paramilitares requeridos por la Justicia norteamericana. Es más, a este hombre de 35 años y apariencia bonachona se le acusa de ser un narcotraficante pura sangre agazapado tras el uniforme paramilitar. "No le doy importancia a esas acusaciones", afirmó mientras pasaba revista a 300 combatientes, las últimas tropas que tuvo bajo su mando que entregaron, ese día, sus armas. "No oculten la cara; ustedes no son terroristas", fue la última orden que les dio. Cuando terminó el acto, que se realizó en un caserío en la zona que fue escenario de los diálogos de paz con este grupo acusado de mil y una atrocidades, los despidió con un abrazo y con un "Dios los bendiga".

"No oculten la cara, no son terroristas", fue la última orden de Gordo Lindo

Desde 1999, una tribunal de Florida pide la extradición de Gordo Lindo a EE UU, acusado de importar y distribuir cocaína y de lavado de dinero. La semana pasada el fiscal norteamericano Alberto González, durante una visita a Colombia, insistió en la extradición.

"Respeto al Gobierno norteamericano y entiendo que insistan en el tema, pero sé, que en su debido momento, los gobernantes encontrarán medidas audaces para hacer prevalecer la paz del país. Es lo más importante", dice Gordo Lindo calibrando cada palabra.

Alto y robusto, se vistió de blanco para el acto de la desmovilización. Usó su camioneta todoterreno azul, para recorrer las dos manzanas que separan su casa del campo de fútbol donde se realizó el acto. Su casa, inmensa y con piscina, desentona en Santa Fe de Ralito, un pueblo del norte de Colombia con 90 casas y menos de 700 habitantes, todos pobres. Tiene circuito cerrado de televisión, timbre y en la puerta el aviso: "No pase sin anunciarse".

En una carta pegada en la pared se invita a toda víctima de una calamidad a pedir ayuda a la Fundación Lindo Porvenir. La creó hace tres años y espera legalizarla pronto. Ha instalado columpios en 120 parques infantiles, ha repartido tierra y tiene una unidad médica móvil.

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"¿Las reparaciones a las víctimas forman parte de la estrategia paramilitar?". "No; lo hago por sensibilidad social y por ayudar a las comunidades a mitigar sus problemas", respondió. Para él, la Ley de Justicia y Paz, que da un marco legal a este proceso intentando regular las negociaciones entre Gobierno y paramilitares, es una camisa de fuerza que quedó estrecha. Le hubiera gustado que en vez de penas de cárcel (sólo entre cuatro y ocho años para crímenes atroces) se les permitiera dedicarse a obras sociales.

Gordo Lindo destaca: "Me encargué de conseguir finanzas licitas e ilícitas de la economía de la región donde operaba". Y repite, una y otra vez, que, desde septiembre de 1997, representa políticamente al llamado bloque Pacífico (considerado uno de los más ligados al narcotráfico) en el estado mayor de los paramilitares de las Autodefensas Unidas de Colombia.

Ernesto Baéz, jefe político de la organización, lo defendió a capa y espada en su discurso, declarando que, si extraditan a un desmovilizado, el proceso de desmilitarización se pone en peligro. El Gobierno congeló ya la extradición de Salvatore Mancuso, (jefe paramilitar reclamado por EE UU), por su compromiso con la paz.

Para el comisionado de paz colombiano, Luis Carlos Restrepo, el acto del sábado marcó un punto de inflexión en el proceso de paz. Ese día regresó la "institucionalidad" a esta zona que durante años ha permanecido bajo el mando de paramilitares.

La policía los reemplazó en el control de los 350 kilómetros cuadrados de la llamada zona de ubicación, donde están los combatientes acusados de delitos graves esperando que se les aplique la Ley de Justicia y Paz, aprobada en el Congreso colombiano el pasado mes de junio. Son muy pocos frente a los más de 9.000 que se han desmovilizado ya. Ahora, por los caminos (es imposible andar a más de 20 kilómetros por hora con un todoterreno) que unen los poblados de esta zona, se ven policías a caballo o en moto. "¡Estoy feliz!; ahora vamos a trabajar en la legalidad; con los paramilitares éramos ilegales", dice un campesino de esta hermosa región de árboles tan frondosos que parecen obra de la imaginación de un pintor. Pero confiesa que no puede dormir pensado que son pocos los policías para hacer frente a la guerrilla si vuelve.

Y le molesta lo que les confesó el alcalde de Tierralta, municipio al que pertenecen, hace pocos días, cuando le preguntaron cuándo se arreglará la carretera. Aseguró que no había dinero suficiente y que, además, debían acostumbrase a las nuevas reglas: mientras con los paramilitares los asuntos se solucionaban rápido ahora, en la legalidad, las cosas se complican por los trámites burocráticos.

Francisco Javier Zuluaga (izquierda), el día antes de dejar las armas, en Santa Fe de Ralito.
Francisco Javier Zuluaga (izquierda), el día antes de dejar las armas, en Santa Fe de Ralito.JORGE MATA

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