PSC y ERC mantienen el pulso sobre las competencias de la Oficina Antifraude

La Oficina Antifraude del Gobierno ha llegado en dos ocasiones a las puertas del Consell Executiu. Y corre el riesgo de eternizarse y abrir una nueva brecha -otra- en la maltrecha carrocería del tripartito catalán. Si la semana pasada el departamento del primer consejero tenía ya ultimado el anteproyecto de ley, ayer por la tarde el secretario del Gobierno, Ernest Maragall, se presentó con "40 enmiendas", según Esquerra. ERC y PSC mantenían por tanto su pulso en la tarde de ayer sobre un asunto previsto para ser abordado hoy en la reunión del Consell Executiu.

El almuerzo de ayer en la Casa dels Canonges entre la cúpula del Gobierno catalán y la posterior sobremesa sembraron de nubarrones el futuro de la Oficina Antifraude. Esquerra está dispuesta a hacer casus belli del borrador del anteproyecto de ley cerrado a finales de julio y acabado de perfilar la pasada semana. Mientras, por parte del PSC, Ernest Maragall cree que el texto es perfectible y que muchas de las competencias de la oficina -que dependería de un departamento en manos de Esquerra- ya las tienen otros organismos existentes. La tensión que parecía conjurada desde la semana pasada, volvió a aflorar.

Y todo ello sucede en épocas poco propicias para que el tripartito evidencie debilidades: en vísperas de la Diada y del dictamen del Consejo Consultivo sobre el Estatut.

El pulso llegó ayer a tales extremos que Esquerra amagó con hacer llegar el texto al Parlament a sabiendas de que los votos de Convergència i Unió -deseosa de poner a prueba los pies de barro del tripartito- harían prosperar la iniciativa. En un último intento de salvar la situación, Ernest Maragall y el republicano Xavier Vendrell, secretario general del departamernto del primer consejero, volvieron a encerrarse por enésima vez, conscientes del ridículo político de que no se cumpliera la profecía, anunciada por el propio Gobierno, de que hoy se aprobaría el anteproyecto de la Oficina Antifraude.

A la tensión de ayer se llegó después del esfuerzo negociador desarrollado por ERC y PSC a finales de julio. Ese anteproyecto, al que ha tenido acceso este diario, buscaba el consenso entre el Departamento de Interior, cuya titular es la socialista Montserrat Tura, y el del primer consejero, el republicano Josep Bargalló. Por este motivo, el texto establecía que la Oficina Antifraude "podrá" crear una unidad propia de mossos d'esquadra, pero que este paso debería hacerse "a propuesta del Departamento de Interior y previo informe del director o directora de la Oficina".

Además, se posponía hasta el desarrollo de la norma de creación de la Oficina la decisión sobre quién ocupará el mando de esta unidad de los Mossos: el Departamento de Interior o el director de la Oficina Antifraude. El redactado sólo especificaba que la norma de creación de la oficina "podrá determinar que la unidad dependa funcionalmente del director o directora de la Oficina Antifraude".

Este punto no es una cuestión baladí, pues la titular de Interior, Montserrat Tura, manifestó el pasado mes de julio serias dudas sobre la idoneidad de que exista una unidad de los Mossos que trabaje lejos del control de su departamento, que dirige el conjunto del cuerpo policial. Mientras Tura defendía mantener el control directo sobre todas y cada una de las unidades de la policía autonómica, el primer consejero, Bargalló, sostenía que la independencia de esta unidad anticorrupción sólo podía garantizarse si estaba a las órdenes del director de la Oficina Antifraude.

Pero éste no es único escollo en la creación del organismo que debe velar por la buena gestión de los fondos públicos que maneja la Administración catalana. La elección del director de la Oficina Antifraude y su grado de dependencia del Gobierno también han causado no pocos conflictos en el seno del tripartito. Finalmente, y según el citado borrador del proyecto, la oficina estaría adscrita al Parlament y será la misma Cámara la que elija, por una mayoría de tres quintas partes, a su director o directora. Los candidatos al cargo los escogerá el primer consejero y, de ser elegidos, podrán permanecer en la dirección del organismo un máximo de dos mandatos de seis años cada uno. La relación de la Oficina Anfifraude con el Gobierno se hará, siempre según el proyecto, a través del primer consejero.

Estos puntos fueron objeto de intensas discusiones en el seno del Ejecutivo, los departamnentos de Maragall y Bargalló. Maragall, partidario inicialmente de crear una oficina más dependiente del Gobierno, cedió ante los sectores de Esquerra, defensores de dejar clara la adscripción del organismo al Parlament.El mayor motivo de tensiones en socialistas y republicanos son las discrepancias sobre el alcance de las investigaciones de la oficina. Mientras que Bargalló era partidario de una oficina que pudiera investigar tanto a la Generalitat como a los municipios, Maragall defendía centrar el trabajo del organismo en la Administración autonómica. Aunque las espadas seguían ayer en alto, el artículo 3 de la ley de creación de la oficina -de respetarse en su redactado- no deja lugar a dudas: "La oficina antifraude podrá conocer las actividades del sector público de Cataluña, que incluye la Generalitat, sus organismos y entidades dependientes o vinculadas, las corporaciones locales y sus organismos o entidades dependientes".

La ley establecía, además, que la oficina podrá investigar a cualquier persona u organización cuyos ingresos procedan, al menos en un 50%, de subvenciones públicas.

Aunque estaba ya previsto en el Pacto del Tinell para la constitución de un gobierno catalanista y de izquierdas, el parto de la Oficina Antifraude está siendo mucho más largo de lo que en su día imaginaron los socios del tripartito. Tras los hundimientos del túnel del metro en el barrio del Carmel de Barcelona y las sospechas de mala gestión y fraude en esta y otras obras públicas, la creación de la oficina se ha convertido en una prioridad para el sector republicano del Gobierno, que hasta ahora ha sido el que ha perdido cotas de poder en cada una de las crisis que ha protagonizado.

La Oficina Antifraude es la bandera con la que ERC pretende pasar a la ofensiva, frente a la actitud reticente del PSC. A ello se ha sumado la falta de referentes, lo que suma al riesgo de eternizar un proyecto de ley que debía estar listo la pasada primavera.

A falta de limar discrepancias, lo que sí tiene claro el Gobierno catalán es quién debe dirigir esta oficina. Se trata de David Martínez Madero, de 41 años, miembro de la Fiscalía Anticorrupción y experto en investigación de delitos económicos. Aunque su nombramiento no está oficialmente confirmado, todos los partidos en el Gobierno ven con buenos ojos que sea este fiscal, nacido en El Masnou (Maresme), quien se ocupe de una oficina cuyo responsable no podrá estar afiliado a ningún partido ni sindicato ni permanecer vinculado con la carrera judicial o fiscal.

Colaboración

Pero sea quien sea el futuro responsable de la Oficina, la ley -de acuerdo con el redactado del anteproyecto inicial- le amparará para lograr la colaboración de altos cargos, funcionarios y de todos los ciudadanos en general. Y es que, según el anteproyecto de ley que ultima el Gobierno, quien se niegue a colaborar con la oficina o no aporte información que se estime relevante para alguna investigación podrá incurrir en responsabilidades penales y administrativas.

La memoria anual del organismo también servirá para denunciar de forma detallada las personas o entidades que se hayan negado a aportar la información requerida.

Los últimos esfuerzos del Gobierno catalán con relación a la oficina antifraude se centran en delimitar estrictamente su ámbito de actuación para no invadir competencias de la Sindicatura de Cuentas o del Síndic de Greuges. Asimismo, se está acabando de diseñar la fórmula para que esta oficina pueda relacionarse con la Administración central si las investigaciones que lleve a cabo lo requieren. Así, el proyecto de ley recoge que la Oficina "cooperará" con la Administración del Estado, de la cual "podrá pedir datos y antecedentes cuando éstos le sean necesarios para el ejercicio de las funciones y potestades que la ley le otorga en el ámbito de Cataluña".