Dinero público

Hace tiempo, el Ayuntamiento de Karrantza adquirió una casa solariega en medio de un precioso terreno poblado de árboles centenarios para la nueva ubicación de la Casa de la Cultura. Es una finca que por su arquitectura y vegetación tendría que haber sido declarada zona protegida, para solaz y esparcimiento de la población, convirtiéndola en un miniseñorío de Bertiz en el corazón de Karrantza.

En lugar de ello, hemos sufrido y vivido la destrucción del lugar por parte del Ayuntamiento y de la sociedad constructora que está edificando y se beneficiará de un terreno que hemos comprado la ciudadanía para convertirlo en una anodina barriada de 32 viviendas, de venta libre, con garaje.

Ante esta monstruosidad me gustaría preguntar:

1. ¿Quiénes se beneficiarán de este negocio inmobiliario en terreno municipal? ¿Las arcas municipales? Probablemente no.

2. ¿Cuándo el Ayuntamiento ha anunciado en bando municipal o en el Boletín Oficial del Señorío de Bizkaia la reventa de estos terrenos pertenecientes a la finca "Casa de Ramón Altuna Sagastibelza" para la construcción de dichas viviendas?

3. ¿Cuándo el Ayuntamiento ha anunciado o sacado a subasta pública la concesión de estas obras?

4. ¿Quién es el responsable de la tala de los árboles centenarios, de la destrucción del muro de piedra con acabados de sillería, de la verja de hierro forjado de cerramiento de la finca, así como de la destrucción del hermoso pozo de agua que poseía la finca en la parte trasera de la casa, conjunto de patrimonio de arquitectura indiana que contaba Karrantza de finales del siglo XIX? ¿Acaso no le corresponde al Ayuntamiento velar por el patrimonio del valle en vez de liquidarlo?

5. ¿Qué legitimad y autoridad moral tiene la corporación municipal para gestionar nuestro dinero si hasta el día de hoy todas las decisiones que toma lo hace de espaldas al valle, negando información a la población sobre asuntos que le conciernen directamente?

Siento la imperiosa necesidad de recordar a la corporación que si están ahí es porque se lo hemos permitido, porque les hemos autorizado para que gestionen nuestro dinero, para que cuiden nuestro patrimonio rural y no para que lo destruyan irreparablemente. Por desgracia, esta sensibilidad no abunda en nuestro país y mucho menos en nuestro pueblo, y así nos va. Sin embargo, es asunto importantísimo para el bien colectivo.

Y tampoco hemos de olvidar que si esto ocurre es porque se lo permitimos con nuestro silencio encubridor, interesado o medroso. Si hacemos voz pública de los fallos o incorrecciones de la gestión pública contribuiremos ciertamente a que en adelante tengan más cuidado y responsabilidad, ya que sabrán de antemano que no quedarán impunes, al menos a nivel de opinión pública.

No sólo el alcalde y la concejalía son los responsables de e ilegalidades varias; también nosotros somos responsables por tolerárselo con nuestro silencio cómplice y alcahuete..