Bargalló propone una tregua de un mes para hacer posible el acuerdo

La espiral de declaraciones y contradeclaraciones en torno al Estatuto catalán preocupa al Gobierno de la Generalitat hasta el extremo de que su primer consejero, el republicano Josep Bargalló, pidió ayer un mes de "tregua". Se trata, dijo, de evitar que las declaraciones, exabruptos y acusaciones malévolas "envenenen" la negociación en el tramo final de la reforma estatutaria.

La petición de tregua se dirigía en primer lugar a los partidos catalanes, pero también al PSOE y al PP mientras el proyecto se halle en el Parlamento catalán. Bargalló dijo en declaraciones a Efe que en esta fase, que podría durar todavía un mes o un mes y medio, "quien debe hablar en nombre del PP es Josep Piqué [presidente de ese partido en Cataluña], y quien tiene que hablar en nombre del PSOE es el PSC".

El primer consejero advirtió de que "hablar cuando no toca es un error político. Los dirigentes de los partidos estatales tendrán su momento cuando el proyecto llegue a las Cortes", agregó, "y hacerlo anticipadamente es una equivocación porque pueden acabar siendo esclavos de sus palabras".

Expresión de centralismo

Convergència i Unió (CiU) interpretó los informes encargados por el Gobierno sobre la reforma del Estatuto catalán como una expresión más del centralismo. Por su contenido "son ya un clásico, como la LOAPA [Ley Orgánica de Armonización del Proceso Autonómico] y la LOFCA [Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas]", dijo el diputado de CiU Francesc Homs, que ha sido el ponente de su grupo parlamentario en la reforma estatutaria.

Pero para CiU, estos informes han sido también como una bendición del cielo, que le ha permitido alimentar con datos procedentes del propio Gobierno socialista su tesis de que el PSOE no está dispuesto a aceptar la reforma del Estatuto de Cataluña. Homs convocó ayer una conferencia de prensa para denunciar "una operación coordinada entre el PSC y el PSOE para abortar el nuevo Estatuto".

Los tres informes jurídicos son, dijo el diputado nacionalista, la prueba de la existencia de esta operación. De no ser así, añadió, no se comprende qué hace el primer secretario de los socialistas catalanes en el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. "Esto no aparece sin el conocimiento del ministro [José] Montilla. Es un reparto de papeles", afirmó.

El diputado de CiU en el Congreso Jordi Jané, anunció que pedirá explicaciones al Gobierno sobre la razón por la que se ha encargado estos informes antes de que el proyecto de Estatuto sea aprobado por el Parlamento catalán.

En una línea parecida, el senador de la Entesa de Progrés, Jaume Bosch, anunció que pedirá al Ejecutivo que entregue al Senado todos los informes y estudios que ha encargado sobre el Estatuto catalán, "incluidos los que difieran" de los dados a conocer ayer.