La Generalitat encarga un "contrainforme" para defender las nuevas competencias

El Gobierno catalán valoró como "tan legítimos como otros" los informes jurídicos sobre el nuevo Estatuto catalán encargados a expertos por el Ministerio de Administraciones Públicas. Para rebatirlos, el consejero de Relaciones Públicas, Joan Saura, encargó otro al director del Instituto de Estudios Autonómicos de la Generalitat, Carles Viver Pi Sunyer. Lo que Saura consideró "inquietante", sin embargo, no es que los informes del ministerio califiquen la reforma catalana como "injustificada e inconstitucional", sino el método usado por el Gobierno central para "expresar sus diferencias". Por esto, pidió al Ejecutivo que no siga esta "dinámica infernal" y actúe "con lealtad institucional".

Saura advierte de que la reforma no quedará en una mera operación de maquillaje

Carod afirma que "es negociable a qué dan derecho los derechos históricos"

"No nos gustaría que el Gobierno central se escondiera detrás de informes de expertos para no hacer frente al problema de fondo", manifestó el consejero. Y el problema político de fondo es, según él, que Cataluña ha emprendido la reforma de su Estatuto "para conseguir una redistribución del poder político y una mejora de la financiación de la Generalitat".

Los tres informes jurídicos dados a conocer ayer por EL PAÍS están firmados por los catedráticos de Derecho Constitucional Luis Ortega, Francisco Balaguer y José Antonio Montilla, y la catedrática de Derecho Administrativo Cristina Elías. En ellos se critica el método seguido en la reforma del Estatuto catalán para ampliar y garantizar las competencias de la Generalitat y se recuerda que el Tribunal Constitucional ha rechazado los intentos de abrir el ordenamiento constitucional a través de los derechos históricos.

La difusión de estos informes no gustó al Gobierno de Pasqual Maragall, que se dispone a rebatirlos. Pero, sobre todo, fue interpretada como un "inaceptable" gesto de obstrucción, que llega justo en el momento en el que el Consejo Consultivo de la Generalitat está a punto de finalizar su dictamen jurídico sobre la adecuación del nuevo Estatuto a la Constitución. Y un día después de que el secretario de organización del PSOE, José Blanco, pidiera "reflexión" y "cordura" a los partidos catalanes en la reforma del Estatuto. Incluso el presidente del Parlamento catalán, Ernest Benach, pidió al Gobierno central que "no meta más presión" en este proceso, informa Jesús García.

Saura advirtió al Gobierno central de que "se equivoca" si piensa que la reforma del Estatuto de Autonomía de Cataluña "puede quedar en una mera operación de maquillaje" o en "un Estatuto de juguete". Insistió, como ha venido haciendo durante más de un año, en que para Cataluña no es posible considerar "digno" un autogobierno que no tiene competencias en puertos y aeropuertos, en la concesión de las becas a los estudiantes o en una de las cuestiones sobre las que actualmente, a diferencia de hace 25 años, hay mayor sensibilidad social, como es la inmigración. "No estamos haciendo un Estatuto para que todo esto quede igual", aseguró.

Tanto Saura como los portavoces de los tres partidos que componen el Gobierno catalán y los de CiU insistieron ayer en que la Constitución admite diversas interpretaciones jurídicas y que lo decisivo en este proceso es la decisión política de escoger una u otra. El consejero lamentó que el Gobierno central "se instale en la idea de que la Constitución tiene una única lectura, y que esta es la centralista".

Aunque de forma mucho más suave, el secretario de organización del PSC, José Zaragoza, apuntó que cuando se acerca la hora de verdad "los extremos se retroalimentan". Mientras en Cataluña quienes no quieren el Estatuto, como CiU, radicalizan sus posiciones para hacerlo inviable, dijo, "quienes se lo miran desde fuera expresan su miedo a los cambios".

Las posiciones reflejadas en estos informes son a juicio de los socialistas catalanes una reiteración de la interpretación centralista del modelo autonómico. También el portavoz parlamentario de Esquerra Republicana de Cataluña (ERC), Joan Ridao, interpretó el contenido de estos informes como una "resistencia centralista". Recordó que no son los primeros que ha encargado el Ministerio de Administraciones Públicas y que en general han sido siempre críticos para con la reforma que se lleva a cabo en Cataluña.

En este caso, sin embargo, Ridao, que ha sido uno de los ponentes del nuevo Estatuto, destacó que el rechazo a la utilización de los derechos históricos para definir ámbitos competenciales específicos de las comunidades autónomas que los tienen "es un rechazo a la diferencia". Ridao reconoció que esta invocación "no puede ser un planteamiento para todas las competencias", pero sostuvo que quienes los rechazan lo hacen "porque les rompe la concepción de que el esquema autonómico ha de ser simétrico".

Aunque los republicanos han reiterado una y otra vez desde el mes de julio que el reconocimiento de los derechos históricos de Cataluña es una condición "irrenunciable" para ellos en la reforma del Estatuto, su líder, Josep Lluís Carod, introdujo ayer un matiz nuevo, que abre un margen a la negociación sobre este punto, que les tiene enfrentados a sus aliados socialistas en el Gobierno de Maragall. "Los derechos históricos son incuestionables", dijo en una entrevista con Radio Euskadi, "pero otra cosa es a qué nos dan derecho; esto es negociable".

Carod llamó la atención sobre las consecuencias políticas que tendría un eventual rechazo del Estatuto catalán en las Cortes, que es lo que se produciría si son atendidos los criterios de estos informes jurídicos del Gobierno. "¿Lo hecho en Cataluña llegaría consensuado y sin violencia, y si, aún así, no se aprueba, qué cambio constitucional puede prosperar? Quedaría sin credibilidad el proyecto de España plural que defendía el presidente José Luis Rodríguez Zapatero", dijo.