Impuestos del petróleo

El primer ministro de Francia, Dominique de Villepin, ha interrumpido las vacaciones de sus ministros del área económica para abordar la situación creada por la nueva escalada del petróleo. Dos mensajes salieron de la reunión: Francia reforzará su apuesta por la energía nuclear y las renovables -o sea, por una menor dependencia exterior del petróleo-; y el excedente fiscal generado por la subida del precio de los carburantes se redistribuirá entre los sectores más afectados por esa subida -agricultores, transportistas, pescadores- en forma de rebaja de impuestos.

Aunque la fortaleza del euro está amortiguando algo el efecto del alza del crudo, son ya inaplazables las decisiones estratégicas sobre la dependencia energética. Es llamativo que sea precisamente Francia, que tiene una menor dependencia por su apuesta decidida por la energía nuclear, el país que toma la delantera. En España, el Ministerio de Industria tiene previsto convocar a comienzos de otoño una mesa de diálogo sobre el futuro de la energía nuclear entre los sectores interesados: empresas eléctricas, asociaciones de consumidores, partidos y administraciones territoriales. Aunque el programa electoral socialista habla de una "reducción gradual", sin plazos, del peso de la energía nuclear, Industria no parece tener prisa en prescindir de una fuente de energía cuyas ventajas en costos se hacen más visibles con el barril a más de 60 dólares.

Pero lo más novedoso de la iniciativa francesa es el tratamiento de la fiscalidad de los carburantes. Siendo el IVA que paga el consumidor proporcional al precio de venta, la subida del petróleo y sus derivados aumenta en la misma proporción los ingresos fiscales del Estado. En España, esos ingresos extras, determinantes en el actual superávit presupuestario, han sido invocados reiteradamente para reclamar una rebaja de los impuestos que gravan a gasolinas y gasóleos. El Gobierno de De Villepin ha buscado una fórmula original: mantener invariable el IVA que pagan todos los consumidores y rebajar otros impuestos a los sectores económicos más afectados -y con mayor capacidad intimidatoria-; puede ser una respuesta a esas demandas, pero queda por ver si la medida tiene encaje en el sistema fiscal armonizado de la UE.