Incineración sin debate

Dentro del proceso que estamos viviendo desde hace dos años los ciudadanos de la comarca de Txingudi [Irún, Hondarribia y Hendaya] ente la instalación de una incineradora de basuras, quisiera resaltar un tema que nos preocupa seriamente, como es la participación ciudadana en la toma de decisiones. En Txingudi tenemos un plan de gestión de residuos (PIRUAT) elaborado en el año 2001 que contempla la incineración del 60% de nuestras basuras para el año 2016 y que fue aprobado en la Mancomunidad de Servicios de la comarca. Durante la elaboración y aprobación de dicho plan no hubo ningún mecanismo de participación ciudadana: ni vecinal, ni de grupos ecologistas, expertos independientes, universidades o consumidores. El plan fue encargado a un grupo empresarial pro-incinerador (DPA-Desarrollo Protección Ambiental) que solo podía, entre las muchas alternativas que existen para gestionar los residuos, decidirse por la incineración. El PIRUAT no analiza ni contempla otras soluciones más respetuosas con la salud y el medio ambiente.

Sin la participación y el apoyo de los ciudadanos, ningún plan de estas características puede tener éxito

Siendo la incineradora la obra más ambiciosa que tienen los alcaldes de Txingudi, no se incluyó en los programas electorales

Un plan de gestión de residuos para 14 años, que prevé instalar una industria incineradora para cerca de 90.000 habitantes con un coste de inversión de 60 millones de euros (el PIRUAT en el año 2001 hablaba de un coste de inversión de 22,8 millones), que hemos de pagar exclusivamente la ciudadanía de Irun y Hondarribia durante más de 22 años, no puede ser aprobado sin la participación de ningún grupo social de la comarca. El periodo de exposición pública de este plan coincidió con el verano y así ocurrió también con el anuncio en el Boletín Oficial de Gipuzkoa del proyecto de la planta incineradora en el año 2003, bajo el nombre de "Estación de tratamiento de residuos sólidos urbanos". Estamos ante un plan que dice inspirarse en los principios y directivas europeas pero que no tiene presupuesto para medidas de reducción y reutilización de residuos. Se permiten el lujo de engañarnos primero y luego ocultarnos la información, haciéndola pública de forma camuflada.

La creación de una plataforma ciudadana, Txingudi Bizirik y una plataforma de médicos a principios del año 2004 que reivindican toda una serie de derechos de la población, no es una casualidad. Estamos ante un problema social que demuestra, entre otras cosas, la ausencia total de mecanismos de participación ciudadana y de transparencia informativa desde el inicio de este proyecto. Un problema social que está demandando de nuestros alcaldes y demás poderes públicos la puesta en marcha de un debate entre todos y del estudio de diferentes soluciones a la gestión de los residuos.

El derecho a la implicación temprana de la ciudadanía de Txingudi en la toma de decisiones ha sido y está siendo continuamente vulnerado. El silencio de los promotores de la incineradora es la respuesta continua a propuestas de estudio de alternativas. La exclusión no puede seguir siendo el método de planificación de nuestros alcaldes. ¿Con qué legitimidad y talante van a afrontar el proceso de implantación de la Agenda 21 Local en nuestra comarca, que ya se ha iniciado y que exige la plena participación de la ciudadanía en la toma de decisiones?

Sin la participación y el apoyo de los ciudadanos, ningún plan puede tener éxito. No sólo tenemos derecho a decidir sobre aspectos que inciden sobre nuestro medio ambiente y salud, sino que, al ser los actores del proceso, nuestra implicación es absolutamente necesaria para llevar a cabo cualquier proyecto.

Siendo la incineradora la obra más ambiciosa y relevante que tienen los alcaldes de Txingudi de cara a los próximos años, ésta no fue incluida en los programas electorales de sus partidos en las últimas elecciones locales. Han evitado en todo momento la transparencia y la implicación social y de esta manera nos encontramos ante un problema de ausencia de derechos sociales y democráticos en la comarca de Txingudi. La participación pública es una cuestión de orden democrático: los ciudadanos tenemos el derecho y la responsabilidad de influir en las decisiones que pueden afectar nuestra calidad de vida y disponemos de ideas y de un conocimiento local que son vitales para que se tomen las mejores decisiones políticas.

Cualquier asociación o grupo que defienda los derechos de los ciudadanos en cualquier ámbito, debería estar en este momento seriamente preocupado por lo que está pasando en la comarca de Txingudi. Hoy es el tema de la incineración de residuos, pero mañana puede ser cualquier otra cuestión también decisiva e importante. Los demás poderes públicos, tanto la Diputación de Guipúzcoa como el Gobierno vasco, no pueden abandonar a esta comarca a merced de unos gestores que practican un despotismo aplastante y descarado, deberían tomar medidas y no cerrar los ojos ante la vulneración continua de los derechos ciudadanos en Txingudi respecto al tema de la gestión de residuos.

Pilar Barquín Corral es licenciada en Ciencias Biológicas y miembro de GEIS (Grupo de Estudios Incineración y Salud).