Los agricultores manchegos rechazan el cierre de 5.000 pozos ilegales
Los ecologistas exigen a Narbona que no aplique una moratoria
En la cabecera del río Guadiana, en plena llanura manchega, el intento de la Confederación Hidrográfica de controlar la extracción ilegal de agua subterránea ha desatado una rebelión de los agricultores, apoyados por la Junta de Castilla-La Mancha, que exigen una moratoria a los más de 5.000 expedientes abiertos por la apertura ilegal de pozos. La sede de la Confederación ha sido ocupada sucesivamente por Asaja, que pide la moratoria y la destitución del comisario de Aguas, y los ecologistas, que están en contra.
El encierro en la sede de la Confederación en Ciudad Real por Asaja (el pasado día 11) y Ecologistas en Acción (el miércoles 17) obligó ayer al director general del Agua del Ministerio de Medio Ambiente, Jaime Palop, a desplazarse a esta ciudad manchega para reunirse con ambos colectivos.
El conflicto ha surgido al culminar, después de tres o cuatro años de tramitación, más de 5.000 expedientes con resolución firme de sanción, contra otros tantos pozos abiertos ilegalmente en los acuíferos de La Mancha Occidental.
De estos expedientes, alrededor de 900 se han tramitado este año en un tiempo récord con la colaboración de la empresa pública Tragsa, en el marco de la política del Ministerio de Medio Ambiente de regularizar las extracciones de aguas subterráneas no registradas y proceder al cierre de los pozos ilegales en todas las cuencas hidrográficas de su competencia.
Entre los expedientes figuran decenas de extracciones ilegales de hasta 1,9 hectómetros cúbicos anuales, el agua que consume una población de casi 20.000 habitantes al cabo de un año.
Mientras en otras regiones el proceso de actualización de los registros se han producido sin incidentes, aunque se haya recurrido en algunos casos al apoyo de la Guardia Civil (Murcia), los agricultores de La Mancha, se resisten.
Las extracciones incontroladas de agua subterránea en los últimos 20 años ha reducido en más de 80 kilómetros la longitud del río y si no fuera por un trasvase, el humedal de las Tablas de Daimiel habría desaparecido. Según el anteproyecto del plan del Alto Guadiana, actualmente en información pública, el acuífero 23 arrastra un déficit acumulado de 3.000 hectómetros cúbicos y el nivel del acuífero en torno al Guadiana ha descendido más de 20 metros. El propio plan estima que se extraen sin autorización más 113 hectómetros cúbicos al año.
Miguel Ángel Hernández, de Ecologistas en Acción-Ciudad Real, afirmó ayer tras la reunión con Jaime Palop, que el Ministerio dirigido por Cristina Narbona, no va a ceder al relevo del comisario de Aguas, una petición que le han trasladado los agricultores y el Gobierno socialista de Castilla-La Mancha. Si el Ministerio da marcha atrás o cede con la moratoria, Hernández asegura que interpondrán una denuncia por prevaricación.
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