Kirchner gobierna por decreto

La manera en la que el jefe del Estado argentino, Néstor Kirchner, está utilizando los decretos presidenciales para gobernar ha provocado la reacción del poder judicial, cuya Corte Suprema prepara un dictamen en el que se recuerda la obligación constitucional de que dichos decretos sean controlados por el Congreso, algo que en la actualidad no sucede. El resultado es que en 131 ocasiones en lo que lleva de mandato -aproximadamente una vez cada cinco días- Kirchner ha emitido medidas legales sin el control parlamentario requerido.

La Corte Suprema se encuentra en la actualidad estudiando el caso referido a un Decreto de Necesidad y Urgencia firmado por el ex presidente Fernando De la Rúa (1999-2001), pero algunos de sus miembros, como Eugenio Zaffaroni, ya han declarado en público que el Alto Tribunal argentino piensa aprovechar su resolución para exigir que el Congreso controle los decretos presidenciales. Zaffaroni opina que esto no provocará roces con el Ejecutivo, pero lo cierto es que el argumento ya está siendo utilizado por la oposición. Además, en el caso, como parece probable, de que la resolución vea la luz antes de las elecciones legislativas del próximo 26 de octubre, supondrá un duro golpe para la estrategia del presidente, cuyos principales rivales políticos están precisamente dentro de su propia formación, el Partido Justicialista.

Los decretos de urgencia son una herramienta legal utilizada con relativa moderación por los presidentes argentinos desde 1853, fecha en la que se promulgó la Constitución argentina. Por ejemplo, el radical Raúl Alfonsín (1983-1989) apenas emitió una decena. Entonces la Constitución no obligaba a que fueran controlados por el Congreso de forma alguna.

La moderación -en esto y en otras muchas cosas- terminó en 1989 con la llegada al poder del peronista Carlos Menem, quien hizo del decreto una de sus principales armas de Gobierno. En total emitió 545 medidas presidenciales. Claro que en 1994 el entonces presidente necesitaba pactar con la oposición su posibilidad de reelección y aceptó introducir una reforma constitucional por la cual el presidente debe enviar a una comisión mixta de la Cámara de Diputados y el Senado los decretos firmados en un plazo de diez días. Esta comisión dispone de otros diez días para enviar a los plenos de ambas cámaras su dictamen sobre el decreto para que éste sea ratificado como ley.

Ésta es la teoría, porque en la práctica la comisión mixta bicameral no existe por lo cual el Ejecutivo argentino sencillamente no envía los estudios presidenciales al Congreso y la medida viene ratificada por la interpretación que hace el Gobierno del texto constitucional. Desde la Casa Rosada se asegura que el texto "no dice" que se trate de un recurso excepcional y que, naturalmente, los decretos están a disposición del Congreso. "Lo que se está haciendo es constitucional. No discutamos más", destacó el ministro del Interior, Aníbal Fernández.

"Da la impresión de que se sigue procediendo como antes de la reforma constitucional. Falla un control del Congreso sobre los decretos", subrayó Zaffaroni, quien no obstante aclaró que no está pensado en anular los decretos. "Lo que se pretende es que se cumpla con la Constitución", dice. Otra magistrada del Alto Tribunal, Carmen Argibay, declaró el pasado jueves que "a veces se califican decretos comunes como de necesidad y urgencia, y eso no corresponde". Tanto Zaffaroni como Argibay forman parte del grupo de cuatro jueces que han llegado a la Corte Suprema durante el mandato de Kirchner. El tribunal está compuesto por nueve miembros, uno de los cuales será sustituido en los próximos meses.

Aunque el récord de decretos de urgencia lo tenga Menem, si las cosas no varían Kirchner puede superarlo con creces. En su primer año de mandato firmó 67 Decretos de Necesidad y Urgencia que ha elevado a 73 en el recién cumplido segundo año. Menem firmó apenas 64 en cada uno de sus dos primeros años, y él no tenía entonces obligación de rendir cuentas al Congreso.

Otro factor que contribuye a la parálisis sobre el asunto, que ahora quiere solucionar la Corte Suprema, es que en el Congreso argentino no hay un acuerdo para crear la comisión bicameral que debe pronunciarse sobre el decreto. La propuesta está presentada precisamente por -paradojas de la política- la senadora Cristina Fernández, esposa de Kirchner, pero la vigencia o no del decreto en el caso de que el Congreso no se pronuncie divide al Legislativo.