Castro prepara una dura batalla legal para liberar a cinco agentes secretos cubanos presos en EE UU

Cinco años después del famoso caso del niño balsero Elián González, el Gobierno de Fidel Castro se dispone a entablar otra larga y sonada disputa legal ante los tribunales norteamericanos, aunque en esta ocasión el asunto es bien distinto: no se trata del reencuentro de un padre y un hijo, sino de lograr la excarcelación de cinco agentes cubanos de inteligencia, acusados por Washington de espionaje y prisioneros en EE UU desde hace siete años.

El Tribunal de Apelaciones de Atlanta revocó esta semana las severas condenas contra los cinco y ordenó realizar un nuevo juicio, al considerar que el celebrado en 2001 en Miami no fue imparcial. Las autoridades cubanas consideran este fallo como un primer "triunfo legal" que despeja el camino de la excarcelación de sus agentes, y han anunciado su decisión de llevar hasta el final la batalla en los tribunales de EE UU.

Antonio Guerrero, Gerardo Hernández, René González, Ramón Labañino y Fernando González fueron detenidos en Miami en 1998 al desmantelar el FBI la denominada Red Avispa de espionaje cubano, en la que estaban implicadas una decena de personas. El juicio se celebró en Miami entre el otoño de 2000 y junio de 2001, convirtiéndose en uno de los más largos de la historia de EE UU. Los cinco fueron acusados de infiltrarse en instalaciones militares y en las organizaciones del exilio, así como de colaborar con el derribo de dos avionetas de Hermanos al Rescate. Tres recibieron condenas de cadena perpetua y los dos restantes fueron sancionados a 19 y 15 años de cárcel.

Durante el proceso, los cinco agentes reconocieron trabajar para el Gobierno cubano, pero dijeron que su misión no era espiar a EE UU, sino obtener información de las organizaciones anticastristas del exilio, a las que La Habana acusa de financiar en 1997 la ola de ataques con bombas contra hoteles de la capital, donde murió un turista italiano y otros actos terroristas.

Desde 2001, el Gobierno cubano organiza una intensa campaña internacional para denunciar el caso, y en 2003 sus abogados en EE UU apelaron para conseguir la anulación del juicio y la realización de un nuevo proceso fuera de Miami, donde existe una influyente comunidad de exiliados con sentimientos fuertemente anticastristas.