Rectificación oportuna

El ministro del Interior, José Antonio Alonso, comparecerá ante el Congreso el día 11, seis antes de la fecha inicialmente prevista, para informar sobre la muerte de un vecino de Roquetas en el acuartelamiento de la Guardia Civil de esa localidad almeriense. Se trata de una rectificación que corrige la incomprensible falta de reflejos mostrada por el Gobierno ante un hecho de indudable gravedad. La rectificación incluye también la intervención del Ministerio de Defensa para aplicar al teniente y siete agentes del cuartel la suspensión cautelar máxima prevista en la ley.

No tenía justificación retrasar la comparecencia hasta septiembre, y era un error pretender que fuera el secretario de Estado, y no el ministro en persona, quien diera las explicaciones. La opinión pública tiende a ser comprensiva con los gobernantes ante actuaciones incorrectas del personal a su cargo; pero no perdona la falta de reacción de esos responsables políticos ante los escándalos, una vez conocidos. El Gobierno de Zapatero no debería repetir la tardanza que ya protagonizó el del PP en el año 2000, ante la muerte de un detenido en calabozos policiales. También resultó decepcionante el tono banal, y hasta cierto punto exculpatorio, empleado por el director general de la Guardia Civil, general Gómez Arruche, que en su primer y hasta el momento único pronunciamiento público pareció reducir todo el problema a la utilización de una porra no del todo reglamentaria.

El ministro de Defensa, José Bono, ha extendido a todos los guardias del puesto (y ampliado a seis meses) la suspensión de funciones, inicialmente sólo aplicada al teniente. Por su parte, el de Interior ha abierto expediente a todos ellos por supuesto "abuso de sus atribuciones y práctica de tratos inhumanos o degradantes", en aplicación de la Ley de Régimen Disciplinario del cuerpo. Con ello se transmite el mensaje de que, con independencia de lo que resulte de la investigación judicial -que indaga si se han cometido delitos-, de lo que se conoce merced a la encuesta interna se deducen indicios de conductas irregulares.

De eso, y de la aparente falta de profesionalidad de los agentes, incapaces, pese a su número, de reducir a un detenido sin provocarle la muerte, es de lo que tendrá que hablar Alonso en el Congreso. Pero lo fundamental sigue siendo la investigación judicial, que deberá aclarar los numerosos puntos oscuros existentes en los relatos oficiales y oficiosos conocidos. Por ejemplo, las incógnitas que, lejos de despejar, abre el vídeo de algunos de los hechos ocurridos y cuya confusa transcripción se conoció parcialmente ayer.