El riesgo de ser musulmán en Rusia

Bajo el pretexto de luchar contra el terrorismo, las autoridades rusas han emprendido una campaña de persecución contra los musulmanes en la que recurren a acusaciones falsas y a métodos violentos para arrancar confesiones, según ha denunciado el movimiento de defensa de los derechos humanos Memorial. Ayer, un tribunal de Bashkortostán, un territorio ruso de mayoría musulmana del sur, dictó sentencias de hasta ocho años y medio de cárcel contra nueve personas acusadas de pertenecer a Jizb ut-Tajrir, una organización prohibida y calificada de "terrorista".

Los nueve acusados por delitos de terrorismo fueron arrestados en diciembre de 2004 en una operación organizada por el Servicio Federal de Seguridad (SFS) en varias localidades de Bashkortostán. En febrero, la ONG rusa Memorial denunció la falsificación de pruebas de cargo, así como palizas y actos de violencia contra los detenidos. Ninguno de ellos reconoció ayer ante el tribunal los delitos que se les imputaban- tenencia de armas y explosivos, formación de banda delictiva, incitación al terrorismo -aparte de su pertenencia a Jizb ut-Tajrir, según informó la agencia Interfax. Jizb ut-Tajrir, organización fundada en Oriente Próximo en los años cincuenta, es una de las 15 organizaciones islámicas que el Tribunal Supremo ruso prohibió y calificó como "terrorista" en febrero de 2003.

Memorial denuncia que la policía ha 'fabricado' una veintena de procesos

Los musulmanes de Rusia suman entre 14,5 y 23 millones, según las fuentes

En distintos puntos de Rusia, al menos 80 personas permanecen en cárceles como inculpadas, condenadas o sometidas a investigaciones en más de una veintena de procesos, que según Memorial, han sido "fabricados" por la policía. En Tatarstán, otro territorio de mayoría musulmana situado en el centro de la Federación Rusia, están encarcelados Timur Ishmurátov y Ravil Umárov. En 2002, ambos fueron detenidos por militares estadounidenses en Afganistán y, junto a otros seis cuidadanos rusos, trasladados a Guantánamo. En 2004, todos menos uno, fueron devueltos a Rusia y dejados en libertad. Ahora se les atribuye la voladura de un gasoducto en Bugulmá, Tatarstán, en enero. La confesión de Ishmurátov, de 30 años, fue obtenida por medio de torturas y amenazas contra sus familiares, según los testimonios divulgados por Memorial. En una carta manuscrita fechada en abril, el detenido denunciaba a los los servicios de seguridad de Rusia por tratarlo "aún peor" que en Guantánamo.

La comunidad musulmana de Rusia tiene entre 14,5 y 23 millones de personas (según las diversas fuentes) y es la segunda más importante del país. Sus principales focos están en la cuenca del Volga y en el Norte del Caúcaso. La campaña contra los musulmanes convierte a los perseguidos en modelos heroicos para los jóvenes y crea tensiones internas dentro de esta comunidad y con los no musulmanes, afirma Yelena Riabínina, del comité Ayuda Cívica, vinculado a Memorial. "Esta forma de luchar contra el terrorismo en realidad facilita su expansión y constituye una amenaza para el Estado", afirma Svetlana Gánnushkina, dirigente de Memorial.

Rusia coopera activamente con los servicios secretos de países de dudosa credibilidad democrática, como Uzbekistán. En junio, Alishí Rusmánov, ciudadano uzbeko y profesor de la universidad islámica de Kazán, en Tatarstán, desapareció sin dejar rastro de la cárcel rusa donde le confinaron en septiembre, tras ser acusado de militar en Jizb ut-Tajrir, enviar guerrilleros a Chechenia y de tenencia de explosivos. Rusmánov debía ser liberado el 29 de junio por falta de pruebas. Pero cuando su esposa acudió a buscarle, había desaparecido. Los funcionarios de la cárcel le dijeron que "se había marchado de madrugada". Gánnushkina cree que "algún día lo encontrarán en Uzbekistán". Ejemplo de la colaboración con el régimen uzbeko ha sido el encarcelamiento en junio de 14 personas en la localidad rusa de Ivánovo a resultas de una petición oral de las autoridades uzbekas. Éstas reclamaban a un ciudadano de su país que estuvo en la ciudad de Andiyán en mayo durante la sangrienta represión que se saldó con centenares de muertos. La policía de Ivánovo extremó su celo y encarceló a 12 uzbekos, un kirguizo y un ciudadano ruso de origen uzbeko. Los detenidos han pedido asilo político para evitar la extradición.