Defensa suspende a los agentes implicados en la muerte de un agricultor detenido

El Gobierno decidió abandonar ayer cualquier tibieza ante el escándalo provocado por la muerte de un detenido en el cuartel de la Guardia Civil de Roquetas (Almería) y aplicar la máxima contundencia. El ministro de Defensa, José Bono, suspendió de funciones por seis meses al teniente y a los siete agentes imputados por la juez (el noveno es alumno), mientras su colega de Interior, José Antonio Alonso, les abrió expediente a todos por "trato inhumano" a un detenido. Zapatero ordenó que sea el propio Alonso quien comparezca en el Congreso el 17 de agosto, sin esperar a septiembre.

Pasadas las 10 de la mañana, el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, de vacaciones en Lanzarote, habló con el ministro del Interior, José Antonio Alonso. Esa conversación bastó para dar un giro radical a la estrategia informativa diseñada el día anterior por el Ministerio del Interior y el Grupo Socialista del Parlamento. No será el secretario de Estado de Seguridad, Antonio Camacho, quien comparezca ante las Cortes, sino el propio ministro, como se anunció el miércoles.

Y no habrá que esperar al reinicio del período de sesiones, en septiembre, sino que Alonso acudirá el 17 de agosto, salvo cambios de última hora. Zapatero instó al ministro a comparecer "cuanto antes", pero Alonso le pidió unos días para que la investigación arroje resultados firmes.

El presidente también habló con el titular de Defensa, José Bono, a quien corresponde aplicar el régimen disciplinario a los miembros de la Guardia Civil. Ambos coincidieron en que la gravedad del caso requería la máxima contundencia.

Bono encargó a su subsecretario, Justo Zambrana, que buscase la fórmula más adecuada. Y el Ministerio de Defensa anunció a última hora de la mañana que el teniente José Manuel R. y los siete agentes imputados por la juez de Roquetas de Mar quedaban suspendidos en sus funciones en aplicación del artículo 85 de la Ley del Régimen del Personal de la Guardia Civil de 1999.

Gravedad de los hechos

La ley atribuye al ministro de Defensa la posibilidad de suspender en sus funciones a aquellos guardias que sean procesados o inculpados en un proceso penal ó sean objeto de un expediente gubernativo. La medida no es obligatoria, sino que depende de la apreciación por el ministro de circunstancias tales, como "la gravedad de los hechos imputados", el perjuicio que causen dichos hechos a la imagen de la Guardia Civil o la "alarma social".

El tiempo máximo previsto legalmente para la suspensión de funciones es de seis meses, pero podría acortarse, si el juez exculpa a los agentes, o alargarse, si ordena una prisión preventiva de mayor duración.

La medida no afecta al noveno agente inculpado por la muerte del detenido, ya que al tratarse de un guardia alumno y no de un funcionario de pleno derecho, tiene otro tratamiento, según las fuentes consultadas.

Tras anunciarse la suspensión de funciones de los agentes, el Ministerio del Interior comunicó la apertura de un expediente gubernativo sobre los nueve guardias -en este caso, también el alumno- por una falta disciplinaria muy grave.

Los expedientados habrían incurrido presuntamente en "abuso de sus atribuciones y la práctica de tratos inhumanos, degradantes, discriminatorios y vejatorios a las personas que se encuentren bajo su custodia".

Esta falta puede castigarse con la "pérdida de puestos en el escalafón, suspensión de empleo o separación del servicio"; es decir, expulsión de la Guardia Civil. No obstante, el expediente no podrá resolverse hasta que concluya la investigación judicial. La ley disciplinaria de la Guardia Civil determina que "la incoación de un procedimiento penal no impedirá la tramitación de expedientes disciplinarios por los mismos hechos", pero advierte que su resolución definitiva "sólo podrá producirse cuando la dictada en el ámbito penal sea firme, vinculando la declaración de hechos probados".

Hasta ahora, sólo el teniente José Manuel R. había sido expedientado. El 26 de julio, dos días después de la muerte del detenido, se le abrió expediente disciplinario por el "empleo de medios no reglamentarios" (una porra eléctrica y otra extensible) y por su "poca colaboración" con el comandante que instruyó la investigación interna. El teniente no fue suspendido en sus funciones, sino cesado como jefe del cuartel de Roquetas y adscrido, en comisión de servicio, al de Almería.

El Ministerio del Interior justificó la adopción de nuevas medidas en base al conocimiento de la autopsia del fallecido, la imputación de los nueve agentes por parte de de la juez y el informe elaborado por la Guardia Civil.