Zabalgarbi recibe la última autorización para la apertura de la incineradora en Bilbao

Zabalgarbi ha obtenido el visto bueno de los técnicos municipales de Bilbao para la apertura de su incineradora de basuras. Ahora, la concesión de la licencia sólo está pendiente de la firma de los responsables de Urbanismo que, dado el periodo vacacional, se producirá seguramente en septiembre. La planta lleva funcionando en pruebas desde abril de 2004 y en octubre empezó a operar con normalidad, aunque carecía del permiso de apertura. La primera instalación de este tipo en Euskadi ha supuesto una inversión de 154 millones de euros.

La tramitación de la licencia de apertura se ha demorado más de lo previsto, puesto que la intención inicial de Zabalgarbi (la promotora, con un 45% de capital público) era inaugurarla oficialmente el pasado verano. Esta demora se ha debido a las exigencias municipales, cuando el ayuntamiento bilbaíno advirtió hace casi un año que la planta no se abriría si no se entregaban varios informes medioambientales. Además, la empresa no presentó la solicitud de la licencia de apertura hasta marzo.

Tras la presentación de documentación pedida hace un año a la promotora, el consistorio exigió más estudios en enero y en abril. Los últimos se referían a información sobre los niveles de emisiones contaminantes, tasas diarias de cenizas y escorias que generará la planta o los niveles sonoros en el entorno de la instalación, emplazada en las afueras de Bilbao, junto al vertedero municipal de Artigas.

Zabalgarbi presentó el pasado 17 de junio la información requerida, salvo un estudio epidemiológico. Este trámite se ha solventado en julio con la presentación del modelo que tendrá el informe, que será elaborado en colaboración con la Universidad del País Vasco. Fuentes municipales señalaron que los técnicos del área de Urbanismo han dado luz verde y al informe elaborado sólo le falta la firma de la responsable del departamento, la concejal Julia Madrazo. Dado el periodo vacacional, se calcula que la aprobación oficial del permiso de la apertura se hará en septiembre.

A partir de este documento, la incineradora de basuras puede funcionar sin ningún obstáculo, aunque desde octubre opera prácticamente con normalidad. El pasado año, según los datos de Zabalgarbi, se quemaron 89.000 toneladas de basura y la previsión es que la planta incinere 230.000 toneladas cada año. Todos los municipios vizcaínos, salvo Bilbao, Getxo, Ermua, Mallabia, Orozko y una serie de pequeñas localidades ubicadas junto a vertederos, depositan ya sus residuos sólidos urbanas en la instalación de Artigas.

Desde principios de los 90

La puesta en marcha de Zabalgarbi ha posibilitado, según los últimos datos ofrecidos por la Diputación de Vizcaya, que el pasado año se redujera en un 13% la basura depositada en los vertederos del territorio: éstos ahora reciben el 53% de los residuos totales cuando en 1994 absorbían el 98%.

La instalación empezó a gestarse a principios de los 90 y su primer emplazamiento previsto fue Erandio. Desde el principio ha tenido una fuerte contestación de grupos ecologistas y algunos partidos, que ven en la factoría más un negocio para vender electricidad que para resolver el problema de la basura. Pero las denuncias en los tribunales han dado la razón a la empresa. Las principales críticas son los residuos que generan, especialmente las cenizas volantes y los desechos del tratamiento de gases. Zabalgarbi asegura que sólo se producirán entre un 3% un 4% de estos desechos y que se garantiza su inocuidad: se depositarán en vertederos tras ser inertizados y su tratamiento en la factoría será en compartimentos estancos para evitar la salida al exterior de elementos contaminantes.

La capacidad de generación de la planta es de 95 megawatios y los promotores calculan que obtendrán unos ingresos anuales de entre 42 y 48 millones de euros por la venta de electricidad y el canon fijados a los ayuntamientos (54 euros por tonelada) por el tratamiento de las basuras.

La puesta en marcha de Zabalgarbi será un referente para los dos proyectos previstos en Guipúzcoa, en Hondarribia y San Sebastián, también envueltos en la polémica. El primero ha recibido más de 1.000 alegaciones y en el donostiarra todavía no se ha decidido la ubicación de la planta.