Luz verde a la Carta de Barcelona

La Carta de Barcelona encara la recta final tras la aprobación, ayer, del proyecto de ley por el Consejo de Ministros. Ahora falta que el texto de la Ley de Régimen Especial de Barcelona sea tramitado por el Congreso de los Diputados. El alcalde de la ciudad, Joan Clos, destacó "el hecho histórico (...), después de 25 años trabajando por la Carta Municipal". La propia nota del Consejo de Ministros hace referencia a "la reivindicación histórica de la capital catalana".

Llegar a un acuerdo sobre la ley de Barcelona no ha sido fácil, sino todo lo contrario, y al final, del texto consensuado por el Gobierno central, la Generalitat y el Ayuntamiento de Barcelona hace menos de un mes se descolgó el Partido Popular, que se abstuvo en vísperas de las elecciones gallegas alegando que se debía mejorar. La aprobación de la Ley de Barcelona suscitó ayer mismo la reacción de otras ciudades: Madrid y Valencia piden otro tanto. De hecho, el alcalde de Madrid, Alberto Ruiz Gallardón, ya expresó su voluntad de que su ciudad tenga un reconocimiento específico.

Clos califica la decisión de "histórica" y destaca que aportará "más instrumentos para afrontar los retos del futuro"

Las competencias en infraestructuras, seguridad y justicia son algunas de las que se ampliarán mediante la Carta

El Consejo de Ministros da el visto bueno al texto, que se podría aprobar en el Congreso de los Diputados este año

"Barcelona podrá disfrutar de un reconocimiento como gran ciudad que nos permitirá tener más instrumentos a nuestra disposición para afrontar los retos del futuro", resumió el alcalde. Clos se mostró confiado en que el Congreso de los Diputados apruebe la Carta antes de que finalice el año y agradeció el trabajo de las administraciones y los políticos que han participado en la redacción del anteproyecto en el último año.

La Carta supone el reconocimiento de gran capital a Barcelona -reconoce, por ejemplo, que la ciudad real es el área metropolitana, en la que viven tres millones de personas- y con ello un régimen y financiación especial, una vieja aspiración que tuvo su primer paso determinante en 1997, cuando el consistorio barcelonés aprobó el texto inicial. Un año después, en 1998, el Parlament aprobó la parte catalana, que en la práctica supone la creación conjunta de consorcios entre Generalitat y Ayuntamiento para gestionar servicios. En 1999, la parte de la ley que requería modificaciones de leyes generales se presentó al Gobierno del Partido Popular. Durante toda la legislatura siguiente de ese partido, la ley especial de Barcelona no pasó de tener reconocimientos verbales, pero no se acordó nunca ningún texto.

El actual presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, se comprometió en campaña electoral a que Barcelona vería culminar su aspiración. Hace un año se iniciaron las negociaciones entre el Gobierno central, la Generalitat y el Ayuntamiento de Barcelona, un proceso que, además, ha coincidido con la gestación del nuevo Estatut y ha tenido cierto efecto en las mesas negociadoras, sobre todo a la hora de fijar los mecanismos de financiación.

La Carta supone más competencias para el Ayuntamiento de la ciudad en infraestructuras como el aeropuerto, el puerto y la red de Cercanías ferroviarias, y en el dominio público marítimo-terrestre. También comporta cambios en la organización y las competencias de la Guardia Urbana -que pasará a ser policía judicial-, y la creación de un cuerpo auxiliar de agentes; reconoce más autoridad al alcalde, en especial en materia de movilidad, e introduce la justicia de proximidad, si bien esta última dependerá de la aprobación de la Ley de Justicia de Proximidad por el Congreso una vez que el Consejo de Ministros diese el visto bueno al proyecto de ley en la sesión de la semana pasada.

La justicia de proximidad es un modelo cuyo objetivo es resolver de forma más rápida los pequeños conflictos y deudas, que son los que colapsan los juzgados de instrucción y civiles. Así, Barcelona podría tener 10 juzgados si sale adelante el modelo que propone la ciudad. Significa todo un cambio del sistema actual ya que los titulares de esos juzgados no serán jueces y tendrán un mandato de siete años. Será, sin duda, uno de los elementos de la Carta cuyo despliegue levantará más polémica. De hecho, ya ha sucedido, puesto que ha suscitado el rechazo del sector conservador y mayoritario de la judicatura. Jueces para la Democracia, en cambio, respalda el modelo.