La Carta de Barcelona: más y mejor gestión

La historia de la Carta de Barcelona se podría resumir en la ambición de la ciudad de poder gestionar más y mejor. Ése fue el espíritu del primer antecedente -se podría precisar que de la era moderna- de la Carta: el decreto 1166 de 1960, que reconoció a la ciudad un régimen especial. Pero, ¿especial en qué? Para empezar, aquel decreto supuso para la ciudad una mejora importante en sus ingresos con la aplicación del impuesto de erradicación sobre la actividad comercial, que posteriormente se convirtió en el impuesto de actividades económicas (IAE). Las otras dos aportaciones principales de aquel régimen especial fueron la organización política y la creación de la Comisión de Urbanismo y Servicios Comunes. Ése fue el instrumento encargado de plantear las cuestiones metropolitanas, entre ellas la planificación territorial. "Fue muy ambiciosa", en opinión del urbanista Jordi Borja, quien cree que pese a todos los excesos de la política urbanística de aquella época, con José María Porcioles como alcalde, el decreto de 1960 fue útil para la ciudad. Hay quien defiende que aquel decreto pudo ser una estrategia del franquismo: dar más vida a la capital para desactivar el discurso nacionalista.

Llegó la democracia y, con ella, la reforzada voluntad de dotar a la ciudad de más competencias y mejor financiación. Pero el acuerdo entre las diferentes fuerzas políticas se demoró. La primera propuesta fue presentada por Jordi Borja en el plenario municipal en marzo de 1991. "Los temas importantes eran tres: el reconocimiento de un gobierno metropolitano -que cuatro años antes, en diciembre de 1987, había sido anulado por el Gobierno de Jordi Pujol-, que la ciudad gestionara de forma compartida las infraestructuras de transporte y que el alcalde tuviera más competencias en seguridad y justicia", señala Borja. Aquel hilo argumental es, en realidad, el que se siguió durante años. Hasta julio de 1997, cuando el consistorio logró aprobar por unanimidad el texto que un año después fue refrendado por el Parlament. No fue fácil poner en marcha la llamada parte catalana, es decir, el acuerdo entre Generalitat y Ayuntamiento para compartir competencias en cuestiones como bienestar social, vivienda, enseñanza y cultura. Pero más difícil fue todavía llegar a un acuerdo con el Gobierno central en lo restante, que, además, era lo más sensible: financiación, seguridad y justicia de proximidad. La última legislatura del PP fue de parálisis total.

La Administración socialista actual ha moldeado la necesidad de dar vía libre a la Carta de Barcelona por el compromiso adquirido por el presidente José Luis Rodríguez Zapatero. Lo ha hecho introduciendo alguna correción. Sobre todo en lo tocante a las aspiraciones de la ciudad de tener la cesión directa del IVA (20%), de la renta (10%) y de los impuestos especiales (30%). Ése fue el cálculo que hizo Barcelona para afrontar los gastos de capital del área metropolitana, sobre todo en tres aspectos: los equipamientos culturales, la red de transporte público de la ciudad real que es -la que abarca 500 kilómetros cuadrados- y la inversión que requerirá el despliegue de la justicia de proximidad. Redondeando, unos 100 millones de euros. La cesión de los impuestos está recogida en el texto final como una posibilidad futura. Así que la fórmula que se ha elegido para atender esos gastos no son los impuestos sino unos convenios finalistas que supondrán a las arcas municipales entre 50 y 60 millones anuales.

Además de la financiación, la introducción de la justicia de proximidad -jueces de distrito para resolver los conflictos menores a consecuencia de la convivencia- y la participación en la gestión de las infraestructuras -aeropuerto, puerto y red de cercanías- son las dos aportaciones más singulares de la Ley de Barcelona. En materia de seguridad, la Carta da rango de policía judicial a la Guardia Urbana y establece la creación de un cuerpo de personal auxiliar de la policía municipal -los actuales agentes de los parquímetros-, que impondrá sanciones. Uno de los capítulos que puede tener cierto impacto es el dedicado al tráfico y seguridad vial, que introduce la inmovilización de los vehículos cuando superen el tiempo pagado en el parquímetro y cuando se conduzca con permiso caducado o sin seguro.