El libro de la luz

Cualquier conocedor del mercado eléctrico español apreciará que el diagnóstico contenido en el Libro Blanco de la Generación Eléctrica es correcto y preciso. Dos empresas (Endesa e Iberdrola) tienen absoluto dominio del mercado, la fijación del precio del kilovatio producido está enturbiada por los costes de transición a la competencia aceptados por gobiernos anteriores y las tarifas no recogen adecuadamente los costes de generación.

Aunque las protestas de las empresas pueden hacer pensar lo contrario, las medidas recomendadas no son extemporáneas. Los contratos regulados, la recomendación de criterios firmes para garantizar la calidad del suministro, el reforzamiento legal de un precio rígido para la energía hidroeléctrica o nuclear -para evitar que las compañías obtengan beneficios disparatados de las centrales amortizadas-, la oposición a las fusiones y el límite a la cuota de electricidad que cada empresa puede aportar al sistema forman parte de cualquier manual de racionalidad económica para actuar en un mercado cerrado con dominio evidente de dos grandes compañías.

La sugerencia de una revisión -al alza- de tarifas tiene su lógica. La política de rebaja de tarifas tuvo sentido mientras no aumentaron los costes de generación y bajaron los tipos de interés. Pero hoy aparecen centrales con costes más elevados -el gas, por ejemplo- que no caben en tales costuras; y la aplicación continuada de políticas de precios sin matices ha terminado por anular la eficacia de los mensajes económicos o los incentivos del precio.

El Libro Blanco es sólo un repertorio de recomendaciones para cambiar el pintoresco mercado eléctrico; no es una ley, ni un decreto ley, ni una disposición legal. Huelgan pues las advertencias apocalípticas de las empresas, con expresiones tales como "intervencionismo" o "ataque al mercado". Si se extrema la severidad, cabe reprochar al texto cierto academicismo, afición por la complejidad y el hecho de que sea difícil traducir las opciones propuestas en decretos o directrices. El problema principal que plantea es su viabilidad política. Una aplicación rigurosa del texto obligaría a reformar radicalmente la ley del sector eléctrico de 1997, puesto que sus recomendaciones tienen repercusiones no sólo sobre la producción, sino también sobre la distribución. No es de extrañar que el Ministerio de Industria, poco dúctil en términos técnicos pero muy ágil en detectar riesgos políticos, se haya dado un tiempo para digerir el texto y calcular qué aplicaciones son posibles.