Políticos y la calle

El incendio en la provincia de Guadalajara ha causado 11 muertos, arrasado 13.000 hectáreas de bosque, producido daños económicos cuantiosos, y ha puesto en evidencia algunos errores de evaluación durante las horas iniciales por parte de los responsables de la Junta de Castilla-La Mancha, además de la actitud gravemente irresponsable de algunas personas cuando prenden lumbre en el monte. Pero la tragedia nos ha ofrecido de nuevo, como ya va siendo rutinario, la degradación que exhibe desde hace bastante tiempo la política española y sus políticos, que recurren al desgaste y el insulto del contrario en un clima de exagerada confrontación.

Las agrias peleas verbales entre los dos principales partidos desde el inicio de la actual legislatura distan mucho del sentir de la calle. Ni es real la crispación y malestar del ciudadano que transmite el PP respecto a todas las acciones del Gobierno, ni tampoco lo es la sensación de amplia satisfacción callejera con el proceder de Rodríguez Zapatero que ostenta el PSOE. El presidente del Congreso, Manuel Marín, ha pedido disculpas por el último episodio de bronca parlamentaria ocurrido el miércoles, en el que se vieron envueltos el diputado popular Hernando y el socialista Pérez Rubalcaba, que en nada contribuye a mejorar la no muy buena imagen que tiene la institución en la calle. Si es criticable la provocación de éste, lo es mucho más el conato de agresión del primero.

Las llamas del devastador fuego aún no se han apagado del todo, pero a nuestros políticos les tienta más tirarse los trastos a la cabeza. Y politizar como se está haciendo el asunto de Guadalajara es dificultar la aplicación de soluciones para una mejor coordinación de competencias en las tareas de prevención y extinción y en la persecución de culpables. Son medidas que el Consejo de Ministros anunciará hoy.

El PP ha visto un agujero en la gestión del incendio por parte del Gobierno central -a todas luces claramente mejorable- a fin de hacer sangre. Es cínico el intento de retrotraer la memoria al Prestige, porque en el fondo esconde una mala conciencia por la conducta de los populares en el desastre ecológico de 2002. Pero es asimismo absurdo que los Gobiernos central y autonómico justifiquen la lentitud de reflejos en la complejidad de las circunstancias que rodearon el siniestro del Alto Tajo. La catástrofe ha acarreado ya la primera víctima política, la consejera de Medio Ambiente de Castilla-La Mancha, Rosario Arévalo. Es un gesto que le honra y que en nuestra escena política resulta doblemente llamativo por inusual.