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Editorial:

Lecciones de Londres

La convicción de la policía de que los cuatro terroristas identificados que perpetraron la matanza de Londres eran jóvenes musulmanes británicos es probablemente el desenlace más difícil de digerir para una sociedad legítimamente orgullosa de su tolerancia y multirracialidad. Muchos británicos creían que su país estaría más seguro mostrando benevolencia hacia los sospechosos de extremismo islamista, que alberga, identificados, por centenares. El desafío que implica el hecho de que los dinamiteros suicidas fueran hijos de una sociedad democrática excede con mucho las fronteras británicas. Horrores similares, sufridos multiplicadamente en España, pueden estar gestándose en otros países europeos, desde Dinamarca a Italia, sumidos hoy en una atmósfera de temor.

Tony Blair anunció ayer en el Parlamento su intención de cerrar las fronteras a los sospechosos de extremismo islamista y deportar a quienes utilizan las libertades para incitar al odio religioso. Un paquete de leyes en este sentido estará listo en otoño, tras su discusión en el Parlamento. Semejante premura, al hilo de la conmoción nacional británica, ha sido trasladada por Londres, que ostenta la presidencia de la UE, a la reunión extraordinaria de ministros del Interior celebrada ayer, para que se superen las divisiones actuales y se acuerden medidas antiterroristas conjuntas antes de que acabe el año. Algunas de ellas, como el refuerzo de los servicios de inteligencia o el mayor control de los explosivos, figuran ya en las conclusiones operativas de la comisión parlamentaria española que ha investigado la masacre del 11-M. Otras iniciativas más discutibles, dentro de un ámbito inusualmente amplio, afectarían al almacenamiento temporal de conversaciones telefónicas y de comunicaciones por Internet. Y otras más de las que propone Blair, referidas sobre todo a los extranjeros, poco se puede esperar que mejoren el control sobre un terrorismo que recluta ciudadanos británicos.

Presumiblemente, el terrorismo tiene larga vida, entre otras razones, porque se ha convertido en la expresión contemporánea de conflictos violentos que a veces se libran a miles de kilómetros. Y no hay democracia a salvo de ataques fanáticos, como muestra la experiencia, porque las libertades que el sistema garantiza las disfrutan también quienes quieren destruirlo. Numerosos terroristas se mueven por Europa con relativa libertad. Miles de jóvenes musulmanes progresivamente radicalizados e instalados en comunidades que por momentos se espesan en países como Reino Unido y Francia, Italia y España, Holanda o Alemania, son sus simpatizantes y forman el tejido social que los enmascara.

Los Gobiernos son, por definición, responsables de la seguridad de sus ciudadanos, y si es imposible garantizar absolutamente la de nadie, sí que se puede hacer la vida más difícil a estos profetas de la locura. La decaída UE tiene con el fenómeno del terrorismo islamista la oportunidad de mostrar su relevancia y coherencia, aunque lo hecho en este terreno desde la hecatombe inaugural del 11-S haya sido más bien poco. Europa está lastrada por un rompecabezas de regulaciones nacionales y la dispersión de su marco legal hace virtualmente imposible combatir con eficacia la mayor amenaza que se cierne sobre nuestro modelo social.

Hay tiempo -no mucho- y sobran métodos para tejer una tupida red coordinada de prevención y acción. La UE no puede permitirse verse atenazada por la parálisis en este terreno crucial. Pero hay que evitar que la zozobra actual desemboque en sobreactuación. La lucha contra el terrorismo fundamentalista incluye garantizar escrupulosamente el respeto de las libertades y los derechos ciudadanos que han hecho precisamente de Europa un referente democrático planetario.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Jueves, 14 de julio de 2005