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EL SECRETO PROFESIONAL

De agentes secretos y asesores presidenciales

En el origen del caso Plame, que ayer envió a un periodista a su casa y mandó a aprisión a otra reportera -la cual nunca había llegado a escribir nada sobre el asunto- se encuentra una complicada historia que se remonta a los crispados tiempos de la guerra de Irak. En febrero de 2002, el embajador Joseph Wilson fue enviado a África por el Gobierno estadounidense para contrastar los informes que decían que el régimen iraquí había comprado uranio en Níger, como parte del intento de recomponer sus arsenales de armas de destrucción masiva. Wilson elaboró un informe en el que dijo que no podía confirmarlo. El 6 de de julio de 2003, semanas después del final de la guerra, Wilson, enfadado con el Gobierno por no haber tenido en cuenta ese informe, lo denunció en un artículo publicado en The New York Times, en el que acusaba al Gobierno de manipulaciones y de "exagerar la amenaza iraquí".

Días más tarde, el columnista conservador Robert Novack reveló en varios periódicos, entre ellos The Washington Post, que Valerie Plame, la mujer del diplomático Joseph Wilson, era una agente de la CIA, y aludió a altas fuentes del Gobierno como origen de la información. Posteriormente, Wilson sugirió -aunque luego se retractó- que Karl Rove, principal asesor político del presidente Bush, estaba detrás de la filtración, como venganza por su artículo. La revista Newsweek de esta semana apunta lo mismo, pero el abogado de Rove lo ha negado.

En el curso de la investigación que se abrió -revelar la identidad de un agente secreto es un delito federal que se castiga hasta con 10 años de cárcel- el juez de distrito Thomas Hogan rechazó en octubre que la Primera Enmienda de la Constitución pudiera aplicarse a este caso. En su opinión, los periodistas estaban obligados, por la naturaleza de la investigación, a revelar sus fuentes. No hacerlo, dijo el magistrado, les hacía incurrir en desacato. En octubre, los dos periodistas fueron sentenciados, pero recurrieron. Hace diez días, el Supremo no aceptó hacerse cargo del caso.

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