La cooperación judicial, viento en popa

El Subcomité de Investigaciones Permanente del Senado norteamericano llegó a los fondos secretos de Augusto Pinochet tirando del ovillo con un argumento: el Banco Riggs, con sede en Washington D.C., había vulnerado la ley al ayudar al ex dictador a ocultar sus dineros frente a una orden de embargo del juez Baltasar Garzón. Esa orden, en efecto, fue dictada por el juez el 19 de octubre de 1998, tres días después de haber logrado Garzón el arresto de Pinochet en una clínica de Londres.

Los ejecutivos del Banco Riggs en Londres, por orden de la casa matriz de Washington, trasladaron una parte del dinero secreto a Estados Unidos, a otras cuentas secretas de la misma entidad.

El primer informe sobre estas cuentas fue hecho público en julio de 2004. Un segundo informe, definitivo, fue difundido en febrero pasado. Según el mismo, Pinochet no sólo mantuvo cuentas secretas en el Riggs, sino una red de cuentas bancarias en otras entidades nacionales y extranjeras en Estados Unidos.

La acusación particular y popular en España consiguió hace algunos meses una victoria al retirar al Banco Riggs como a uno de sus acusados en el procedimiento español contra Pinochet a cambio de que dicho banco indemnizara a las víctimas de la dictadura militar con ocho millones de dólares. La citada acusación mantuvo los cargos contra el ex dictador y presentó, también, una querella en Chile ante el juez que investiga la causa, Sergio Muñoz. El magistrado la admitió a trámite el 28 de abril de 2005.

La reciente petición del Consejo de Defensa del Estado a la Fiscalía Anticorrupción española se enmarca en una creciente colaboración de la justicia chilena y española en el caso de los fondos secretos. Tras admitirse la querella de la Fundación Presidente Allende -una de las acusaciones particulares en el procedimiento español-, un abogado de ésta pudo participar en la vista del desafuero de Pinochet en la Corte de Apelación de Santiago, hace ahora un mes. El pleno de la Corte votó por la cancelación del fuero que protege a Pinochet en su calidad de ex presidente de la República de Chile. Este fallo ha sido recurrido por la defensa del ex dictador ante la Corte Suprema de Justicia de Chile, quien en los próximos días tiene previsto pronunciarse al respecto.